El abogado Mongelós Schneider promoverá el enjuiciamiento de los Magistrados, Osvaldo Enrique González Ferreira, Enrique Mercado Rotela y Mirta Elena Osuna de Cazal, miembros del Tribunal de apelaciones en lo civil y comercial, sexta sala por su actuar en el Expediente Nº 124/2020, caratulado: “Instituto de Previsión Social c/ Lino Ascian Acosta Amarilla y otros/ s/ acción autónoma de nulidad”, por mal desempeño en sus funciones según artículos 12, 14 inciso b) y g) de la Ley 3759/09 y 253 de la Constitución Nacional”.
Según declara el abogado la acción es promovida por “mostrar grosera manifiesta parcialidad en procesos convirtiéndose en jueces parcialistas y demostrar ignorancia supina, más que manifiesta, de las leyes en juicio. Todas estas actuaciones que ameritan el enjuiciamiento de los magistrados del tribunal de apelaciones en lo civil y comercial sexta sala, han ocurrido dentro del desarrollo del Juicio “Instituto de Previsión Social c/ Lino Ascian Acosta Amarilla y otros s/ acción autónoma de nulidad”.
El escrito declara que “los señores magistrados hoy denunciados actúan con una abierta y descarada parcialidad a favor del Instituto de Previsión Social, e inclusive han violado el Código de Ética Judicial al recibir a representantes del IPS, conforme lo establece el Artículo 21 incisos 2 y 3”.
La nota explica que “de dicha reunión que se ha hecho eco medios de comunicación, los representantes del Instituto de Previsión Social han solicitado a los Magistrados que revean lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Esto es una clara parcialidad manifiesta, que demuestra la falta de ética y conocimiento de las normativas por parte de los denunciados”.
Los juzgadores denunciados han violentando así la máxima latina “Dura lex sed lex”, según la cual la misión del juez es aplicar la ley, cualquiera sea su opinión particular que sobre ella pueda tener; ya que el Juez debe juzgar de acuerdo a ley, pero no le es dado juzgar la ley, dijo Mongelós Schneider.
Recordemos que Pedro Halley, gerente de prestaciones de IPS denunció el peligro que representaba el interés personal de 126 navieros por encima del reparto solidario del IPS. Esta denuncia le costó luego su puesto, pero el tribunal suspendió la jubilación VIP de los marinos.