Los senadores modificaron una serie de artículos del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo al Congreso en junio pasado, en algunos casos con acuerdo del Ministerio de Hacienda.
El proyecto aprobado, que pasará a consideración de la Cámara de Diputados para su estudio, redistribuye los US$ 262 millones asignados al Ministerio de Salud Publica y a los programas sociales, del paquete total de US$ 365 millones del plan del Gobierno.
Lea más: Preocupa a Hacienda fallo que podría deteriorar aún más el déficit en la Caja Fiscal
La nueva distribución contempla US$ 104.800.000 para salud, US$ 78.076.022 para la pensión alimentaria de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, y US$ 79.123.978 para el pago de la jubilación en el sector público.
Hacienda había contemplado en el proyecto original US$ 71 millones para salud, US$ 112 millones para adultos mayores, US$ 75 millones para jubilaciones y US$ 4 millones para compra de medicamentos para el Hospital de Clínicas.
Son US$ 4,1 millones más que se destinarán para poder pagar la jubilación de los beneficiarios de la Caja Fiscal en lo que resta del año, principalmente de los sectores deficitarios como son las de militares y policías que se financian directamente con recursos provenientes de la recaudación tributaria.
Déficit anual
La referida caja al mes de junio acumula un déficit de G. 577.775 millones (US$ 83,7 millones al cambio vigente) y, de acuerdo a las estadísticas, desde el año 2015 al mes de mayo último de 2021 se abonó con recursos del Tesoro que ascienden a G. 3,97 billones (US$ 593 millones) a la Caja Fiscal para cubrir el déficit.
Lea más: Inequidad y déficit, los riesgos que soportan las Cajas de Jubilaciones
Al respecto, Hacienda prevé la presentación de un proyecto de ley al Congreso para su estudio y apunta a que los jubilados aporten excepcionalmente hasta los 62 años, incluso aquellos que se jubilan temprano como docentes, policías y militares.
Las asociaciones de jubilados ya adelantaron su rechazo al plan de Hacienda, porque según argumentan, la jubilación es un derecho constitucional que debe ser respetado y garantizado por el Estado, además que se deben buscar otras alternativas para solucionar el problema sin afectar los ingresos de los jubilados, señalaron.