Durante las cuatro horas de interpelación al presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez, los senadores de diferentes bancadas coincidieron en cuestionar su gestión y la de los demás integrantes de la directiva de la institución, quienes son Carmen Corina Alonso, por la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); Ricardo Núñez Giménez, representante de las municipalidades; Rubén Antonio Roussillón Blaires, gobernaciones, y Omar Rodrigo Mongelós González, Ministerio del Interior.
El interrogatorio se concentró en tres temas principales: la legalidad de la “regularización” de tragamonedas que son explotadas en sitios diferentes a los juegos de azar, la adjudicación de la quiniela a la empresa TDP SA (del expresidente Juan Carlos Wamosy) a pesar de que es deudora del fisco y la reducción del canon a las empresas de juegos de azar en pandemia.
Conflicto por tragamonedas
El presidente de Conajzar afirmó que el acuerdo de tragamonedas se firmó luego de someter algunos ajustes a la propuesta presentada por la empresa iCrop SA, cuyo gerente general es Ariel Peña Flores, para “regularizar” las máquinas que son explotadas en bares, bodegas, despensas y otros sitios que no son exclusivos de juegos de azar, presentado en octubre del 2019. Agregó que esa explotación clandestina ya era una preocupación de la comisión, puesto que en ese mismo año había presentado al Congreso un proyecto de ley para reglamentar el uso de las máquinas en esos sitios que no están regulados en la Ley N° 1016/97 que establece el Régimen Jurídico de Juegos de Azar. “La propuesta llegó en momento oportuno, fue el hambre con ganas de comer”, aseguró Ortíz.
Ortiz aseguró que no está regulado el uso de tragamonedas como facultad de los municipios, sino que sólo les compete la habilitación de las salas de juegos. Por ese motivo, según indicó, consideró oportuno “regularizar” su explotación para que el Estado obtenga ingresos, mediante la creación de la “nueva modalidad” que lo faculta el Decreto N° 6206/99.
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El compromiso de “legalización” es de 50.000 máquinas, gestión por la cual la firma privada cobra entre G. 300.000 y G. 450.000 por cada aparato al mes y de ese monto, lo correspondiente a un jornal mínimo (G. 88.051) es lo que va destinado al Estado. Teniendo en cuenta ese volumen de tragamonedas y el valor de las gestiones, la recaudación total de iCrop podría llegar a US$ 2,1 millones al mes, y de esta suma, 70% (unos US$ 1,5 millones) quedaría para la firma privada y solo 30% iría para Conajzar. Sobre el valor de los trabajos, Ortiz respondió que está vinculada con la estructura de costos de la empresa y no tiene facultad para intervenir.
En cuanto a los controles a la firma y que cumpla con sus obligaciones, el representante del Ejecutivo mencionó que la institución no cuenta con fortaleza legal ni logística suficiente para realizar fiscalizaciones. Sin embargo, en el contrato no se observan sanciones ni causal de rescisión, lo cual fue observado por Javier Balbuena, expresidente de Conajzar, como una evidencia de la falta de celo de contar con herramientas legales para velar por los intereses del Estado y por lo tanto, lo convierte en nulo.
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¿Y la quiniela?
Con relación a la adjudicación de la quiniela, pese a que es deudora del fisco, Ortiz alegó que el reclamo corresponde a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Referente a la reducción del canon, mencionó que el tributo es la explotación y debido a la pandemia, consideró prudente hacerlo debido a la crisis sanitaria y económica, además de la restricción horaria dispuesta por el Ejecutivo.
Los senadores Juan Carlos Galaverna y Blas Llano lamentaron la ambigüedad de las respuestas de Ortiz y la falta de resultados en su gestión y ambos coincidieron que debe renunciar el cargo. Esperanza Martínez y Carlos Filizzola expresaron su preocupación porque la institución cedió sus atribuciones de aprobar regular los juegos de azar, específicamente las tragamonedas.
Enrique Bacchetta (ANR) criticó la reducción de los tributos en plena pandemia porque es la fuente de ingresos de la Diben, institución que brinda asistencia sanitaria. Destacó a que urge una investigación seria a la administración por parte del Ministerio Público.
Fernando Silva Facetti recalcó que en pocos días llegará al país la delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que evaluará nuestras gestiones para prevenir el lavado de dinero y “no es ningún secreto que para el lavado de activos justamente los puntos focales son los juegos de azar y el tráfico de armas”.
En los próximos 20 días se deberá presentar la moción de censura al interpelado para que sea tratado. En caso de que no se plantee, se considera que la Cámara quedó satisfecha con las respuestas obtenidas.
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