El dato forma parte del informe que el Ministerio de Hacienda remitió a la Cámara de Senadores como respuesta a las preguntas que le fueron realizadas sobre diversos puntos contemplados en el referido proyecto de ley, como este caso que se trata del subsidio monetario a ser abonado por el Estado.
Hacienda explica que conforme a los datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) existe un total de 20.194 trabajadores independientes formales con Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya actividad se relaciona con uno de los sectores establecidos en la normativa propuesta y que son potenciales beneficiarios.
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Aclara, sin embargo, que de implementarse este programa la cantidad de beneficiarios y pagos que se podrán realizar dependerá de la cantidad de trabajadores inscriptos y que cumplan con los criterios de focalización establecidos.
Subsidio hasta el 50%
El proyecto de ley autoriza al Ejecutivo, a través de Hacienda, a otorgar un subsidio monetario de hasta el 50% del salario mínimo legal vigente para salvaguardar los ingresos de los trabajadores independientes, cuya actividad económica está relacionada con la prestación de servicios a las empresas dedicadas los sectores gastronómicos, eventos, hotelero, agencias de turismo y entretenimientos.
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El salario mínimo vigente desde este mes es de G. 2.289.324 mensuales, por lo que el subsidio a ser abonado equivale a un monto de hasta G. 1.144.662.
De acuerdo con el proyecto, entre otros requisitos contemplados, podrán ser beneficiarios del subsidio las personas físicas y unipersonales de los sectores mencionados que se encuentran inscriptos en el RUC de la SET, que cuenten con 18 años de edad o más, que no coticen a la seguridad social, no sean funcionarios o contratados de ningún organismo o entidad del Estado ni de las entidades binacionales.
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Tampoco deben ser jubilados o pensionados de alguna de las entidades de jubilaciones y pensiones públicas o privadas, y no sean beneficiarios de ninguno de los programas de asistencia social del Estado paraguayo que se encuentren activos a la entrada en vigencia de la presente ley.
Además, los potenciales beneficiarios deberán poseer domicilio en aquellos municipios o distritos donde se observen la mayor incidencia de casos de covid-19 confirmados, según el mapa de riesgo del Ministerio de Salud Pública y se encuentren afectados por las medidas sanitarias dictadas por dicha institución.
Sesión extra mañana
La Cámara de Senadores realizará mañana una sesión extraordinaria, desde las 8:30, para proseguir con el estudio del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que ya tiene aprobación en general.
El Senado en la sesión ordinaria del último jueves 22 había aplazado el estudio en particular del proyecto, a fin de que todos los miembros puedan conocer a fondo el plan y definir las modificaciones a ser introducidas.
En aquella ocasión, el pleno se constituyó en comisión para analizar el plan, debido a que el proyecto no tenía dictamen de la Comisión de Hacienda.
Luego de un extenso debate se aprobó en general el documento, pero se aplazó para mañana martes 27 el estudio artículo por artículo atendiendo los cuestionamientos, principalmente de legisladores de la oposición, sobre el manejo discrecional que pretende el Gobierno sobre los fondos públicos.
Los opositores sostienen que el Congreso no debe delegar su atribución de decidir sobre las modificaciones presupuestarias, dejando que el Ejecutivo lo haga por decreto.
Distribución de fondos
En la sesión del jueves pasado se dieron a conocer la distribución de los fondos contemplados por US$ 365 millones. Por ejemplo, de los US$ 262 millones previstos para salud y programas sociales, US$ 71 millones son para salud (no incluye salario), US$ 112 millones para el programa adultos mayores, US$ 75 millones para pago de jubilaciones en el sector público y US$ 4 millones para Clínicas y hospitales públicos.
Sobre esta distribución también se señaló que al final los mayores recursos, un total de US$ 187 millones, irán a jubilaciones y pensiones, por lo que solo una pequeña parte se destina a los programas de salud.
La discusión también giró en torno a una nueva emisión de bonos por US$ 25 millones para capitalizar el Fogapy y que, eventualmente, los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), por unos US$ 250 millones, terminen en deuda luego de su utilización.