La decisión de la Corte Suprema de Justicia que favorece a la Fiscalía General del Estado se otorgó en el mes de abril, pero recién trascendió luego que se publicara que la máxima instancia judicial se autobenefició con una medida cautelar que deja sin efecto las disposiciones de racionalización y de control del gasto público, establecidos debido a la situación de pandemia y de déficit fiscal de las finanzas públicas.
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La fiscala general Sandra Quiñónez presentó una acción de inconstitucionalidad contra 12 artículos de la Ley N° 6.672, de Presupuesto General de la Nación del ejercicio 2021; y 39 artículos del Decreto N° 4.780, que reglamenta la ley de presupuesto.
Atendiendo la petición de la fiscala, la Corte suspendió los efectos de los referidos artículos hasta tanto resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada, según el Auto Interlocutorio (AI) N° 346 del 8 de abril de 2021.
Gastos reservados
Uno de los puntos resaltantes del pedido de inconstitucionalidad es el artículo 242 de la ley de presupuesto, que dispone la rendición de cuentas sobre el uso de los gastos reservados.
El mencionado artículo, que cada año se establece en la ley de presupuesto, entre otros, dispone que los ordenadores de gastos de las entidades que cuenten con gastos reservados deberán presentar anualmente al Congreso Nacional el informe de rendición de cuentas sobre la utilización de los mismos.
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El Ministerio Público tiene asignado en el presupuesto vigente gastos reservados por un total de G. 2.479 millones (US$ 360.341 al cambio vigente).
Además, en líneas generales fueron suspendidos igualmente artículos que guardan relación con las modificaciones del anexo de personal y seguro médico, la contratación de personal que deberá ajustarse a la ley de la función pública y los límites de pago establecidos, la implementación gradual de desprecarización según disponibilidad presupuestaria.
Pasajes aéreos
También disposiciones sobre el pago de gratificaciones especiales, condiciones para el retiro voluntario, la prohibición de ocupar vacancias inferiores a jefes de departamento y equivalentes, la compra de pasajes aéreos en clase económica, contratación de póliza de seguro de vida.
Con respecto a los pasajes aéreos internacionales, la ley de presupuesto establece que para el traslado de los funcionarios y el personal que prestan servicios en los organismos y entidades del Estado, deberán adquirirse en clase económica, con excepción de los presidentes y vicepresidentes de los Poderes del Estado que podrán viajar en clase ejecutiva.
Entes beneficiados
La decisión tomada a favor de la Fiscalía se suma a la Defensoría Pública, a cargo de la defensora general María Lorena Segovia, que también se benefició con la suspensión de una serie de artículos sobre nombramientos de personal, concursos públicos, contratación de personal, bonificaciones, gratificaciones, subsidio familiar, remuneraciones extraordinarios y adicionales, provisión de combustibles, póliza de seguros, medicina prepaga, entre otros.
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La misma Corte Suprema, cuyo presidente es César Diesel, se autobenefició con decisión similar a las anteriores.
La Corte, incluso, no solo suspendió a su favor artículos de la ley de presupuesto, sino también el de racionalización (Ley Godoy), que implican gastos en combustibles y bocaditos, así como la contratación de parientes en la función pública.
Este tipo de medidas se viene aprobando sistemáticamente todos los años, con lo que las citadas instituciones públicas se excluyen de cumplir con las disposiciones presupuestarias.