Según la recusación promovida por Díaz Verón, señala que la fiscala general Quiñónez “ha presentado su caso como uno de los parámetros de supuesta lucha contra la corrupción, slogan que fuera asumido y difundido por la propia fiscala general del Estado hoy recusada, circunstancia que atenta contra la objetividad que debe primar en el tratamiento a las causas que son llevadas adelante por el Ministerio Público”.
Agrega: “En un Estado Constitucional de Derecho, debe respetarse la presunción constitucional de inocencia hasta tanto recaigan sentencias definitivas firmes y ejecutoriadas. Pero desafortunadamente en lo que a nosotros respecta, el respeto a nuestros derechos y garantías constitucionales no se ha cumplido”, dice parte del texto de recusación presentado en la Fiscalía General, este viernes 23 de julio.
También recusó a la fiscala del caso
De igual manera, el exfiscal Díaz Verón recusó el jueves pasado, y reiteró en su escrito de este viernes, el pedido de apartamiento a la fiscala de la Unidad Penal N° 14 y de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo N° 8 de la ciudad de Asunción, Abog. Natalia Paola Silva Esteche, quien se encuentra asignada a la investigación de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Díaz Verón le acusa a la fiscala Silva que le tiene animadversión y resentimiento, y que ha perdido la objetividad en su actuación como agente del Ministerio Público. “De un tiempo a esta parte viene adoptando indisimulada animadversión y resentimiento hacia nosotros que se manifiesta a través de los incisivos escritos presentados en el expediente en los que de forma hasta casi ilegal busca intimidarnos, acorralarnos y violar arbitrariamente y sin contemplación el ejercicio de la defensa en juicio, llegando al extremo absurdo de pedir la revocación de las medidas sustitutivas con el ridículo argumento de que no queremos someternos a la investigación y al proceso, y que existiría supuesto peligro de fuga, por el simple hecho de que utilizamos los resortes y las herramientas procesales con los que contamos...”, dice la recusación contra la fiscala Silva.
El enriquecimiento ilícito
La acusación fiscal sostiene que la pericia contable reveló que la pareja no puede justificar la suma de G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre los años 2008 y 2017, como obtenidos por medios lícitos.