La comunidad indígena Ka´a Poty marchó ayer por las calles de Asunción hasta llegar frente a la sede del Poder Judicial donde realizaron una conferencia de prensa, con el el apoyo de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia y el Movimiento Ava Añua.
Al llegar ante el Poder Judicial se realizó primero un ritual indígena “Jerojy jero japysaka”. Desde hace más de un mes la comunidad indígena Ka’a Poty se encuentra en la Plaza de Armas, sobreviviendo gracias a la solidaridad ciudadana.
La jueza Magalí Zavala recibió a uno de los líderes de la comunidad indígena Ka´a Poty, el señor Ramón Benítez, a la maestra de la comunidad Elisa Goncalves, a la abogada Milena Pereira Fukuoka y a la Dra. Rosa Bogarín.
La abogada Pereira informó que se tuvo una conversación pertinente con la jueza, quien escuchó con atención las exposiciones de Benítez y de la profesora Goncalves. Además explicó que tras lo conversado con la jueza Zavala presentarán desde la Plataforma Social de Derechos Humanos un recurso de Amicus Curiae,.
Con el mismo acompañarán con más documentos que ratifican los derechos territoriales de la comunidad indígena, fotografías de cómo era la comunidad Ka’a Poty antes de sufrir el desalojo forzoso, la forma en la que fueron abandonados a orillas del río y cómo quedó la comunidad después de la violencia que sufrieron.
La jueza Magalí Zavala se comprometió a resolver la medida cautelar de urgencia promovida por el INDI en el plazo máximo de una semana.
Las familias que integran la comunidad indígena Ka´a Poty exigen la restitución de sus tierras, ubicadas en el distrito de Itakyry del departamento de Alto Paraná. El líder indígena Ramón Benítez manifestó que ellos no saben “andar por la ciudad, no nos hallamos en la ciudad, nosotros estamos bien en nuestra comunidad, en nuestro territorio donde podemos andar libremente y desde que fuimos desalojados nos encontramos en la Plaza de Armas y no sabemos convivir en la ciudad”
“Queremos volver a nuestra comunidad, no sabemos donde ir, nos echaron a las calles las autoridades y nos vemos obligados a estar acá. Necesitamos que nos devuelvan nuestras tierras y si necesario vamos a venir acampar acá frente al Poder Judicial para que vean lo que nos hicieron”, lamentó.
El desalojo fue un crimen
Durante la conferencia de prensa, previa a la reunión con lo magistrada, denunciaron que el desalojo sufrido por dicha comunidad en fecha 15 de junio fue un verdadero crimen.
“Policías y civiles armados quemaron las viviendas, la escuela, el templo y todos los cultivos agrícolas de las familias indígenas. Las obligaron a salir hasta orillas del Río Acaray donde las dejaron abandonadas, en el frío, sin permitirles rescatar ninguna pertenencia. Tuvieron que pasar una noche a la intemperie hasta poder venir a Asunción. A causa de ello, un bebé de 15 días de nacido, integrante de la comunidad, enfermó de neumonía y se encuentra internado en el Hospital Barrio Obrero.