AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). Los fiscales Luis Said, Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), tienen a su cargo la investigación de la denuncia presentada el 8 de julio pasado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) sobre el uso de facturas clonadas para justificar G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado). El dinero forma parte del fondo de emergencia por covid-19 transferido por el Poder Ejecutivo a la Gobernación de Central, a cargo del Hugo Javier González (ANR, cartista).
La institución departamental volvió a transferir G. 5.105 millones de esos recursos al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG presidida por Tadeo Álvarez, mientras que el Consejo Regional de Salud, a cargo del doctor Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones.
La Senac y la SET a través de una investigación encontraron que ambas organizaciones beneficiadas con los recursos estatales presentaron rendiciones de cuentas plagadas de anomalías. Facturas aparentemente falsas, proveedores fantasmas y otras groseras irregularidades fueron detectadas por ambas instituciones.
Tanto la Senac como Tributación comenzaron la pesquisa luego de la denuncia presentada por propietarios de diferentes empresas sobre la utilización de sus comprobantes sin autorización.
El resultado de la investigación derivó en la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal.
Lo curioso es que pese al rosario de evidencias el Ministerio Público no avanza en la investigación del grave hecho. Hasta ahora y en un periodo de quince días de la presentación de la denuncia solo se constituyó el 15 de julio pasado en la Contraloría General de la República (CGR) para pedir informes.
En esa ocasión, el fiscal Rodrigo Estigarribia señaló que no podía brindar mayores detalles del proceso de la investigación. Agregó que, según los informes remitidos por la SET, son varias las facturas de contenido falso que fueron presentadas en la rendición de cuentas de los G. 6.382 millones.
El agente también indicó que no descartó que se haya incurrido en los delitos de “lesión de confianza” y también producción de documentos no auténticos, pero hasta ahora todo esto es una hipótesis que debe ser sustentada con elementos probatorios para que se dé una imputación, afirmó.
Llamativamente, pese a esas presunciones, no se realizó allanamiento alguno en la sede de la Gobernación y la ONG.
Intentamos hablar ayer con Estigarribia sobre el punto, pero no contestó nuestras llamadas a su teléfono celular.
Piden informes sobre “consultor”
El titular de la Secretaría Nacional de Anticorrupción, René Fernández, remitió el 20 de julio pasado una nota al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades), solicitando informes sobre Édgar Daniel Arriola y Antonio Rodolfo Arpea Chávez. Ambos aparecen en la rendición de CIAP como “consultores ambientales”, con facturas por supuestos trámites de impacto ambiental, estudio de suelo, impacto de tráfico, etc.
ABC evidenció días atrás que Édgar Arriola no figura en el catastro técnico de consultores ambientales del Mades. Incuso, no existe rastro de su empresa Asunción Ofertas en la ciudad de Luque.