En una rueda de prensa desarrollada hoy, el vicepresidente de la República fue abordado sobre las últimas informaciones sobre el caso Itaipú. Ante la consulta de si es posible sancionar a quienes presuntamente estuvieron involucrados en los hechos irregulares, señaló: “Creo que ya prescribieron todos los delitos que se podían haber cometido, creo que eso ya es imposible”.
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En otro momento, Velázquez dijo que “si la Contraloría tiene razón, tendríamos que utilizar esto como un argumento para ir a negociar mejor para el 2022”.
En cuanto al valor de la intervención del Ejecutivo en el caso, sostuvo: “El Ejecutivo tiene que tener bien claro, porque es más, aportó, via Itaipú, prácticamente US$1 millón, finalmente para que este estudio culmine. Evito emitir una opinión porque no conozco a profundidad, por eso hoy me voy a reunir con técnicos para que pueda tener mi criterio propio al respecto”.
Al hablar de sanciones, vale la pena recordar que recién ahora, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, anunció la conformación de un equipo para analizar posibles hechos punibles en este caso. Como soporte a las declaraciones de Velázquez, resalta el hecho de que dos de los fiscales designados (Marcelo Pecci y Liliana Alcaraz) para conformar dicho equipo, son los que nunca avanzaron con la investigación del acta entreguista firmada en secreto en 2019 en Itaipú.
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El Ministerio Público anunció que el equipo está conformado en su totalidad por los fiscales Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma.
El lunes pasado, la Contraloría presentó el informe de una auditoría a la deuda de Itaipú que había iniciado en 2009 y terminó este año, en el cual resaltó que el compromiso económico de Itaipú creció enormemente desde 1984 debido a que se realizaron maniobras que violaron el tratado. Todo esto aparentemente con la complicidad de autoridades paraguayas de turno y que incluso la deuda ya fue cancelada en 2016.
El informe de más de 100 páginas expone cómo el lado paraguayo en Itaipú Binacional siempre salió perdiendo en comparación al lado brasileño en cuanto al precio de venta de energía eléctrica y las deudas que se fueron generando a lo largo de los años desde 1984.
Apenas se supo el caso, la ciudadanía solicitó acceso a toda la información, mientras que en Diputados alegaron que quieren denunciar penalmente el entreguismo de Itaipú.