Tras numerosas críticas y denuncias por parte de varios sectores políticos que pronunciaron su rechazo hacia la deuda irregular de Itaipú, que se constató con la auditoría hecha a la binacional por parte de la Contraloría, desde el Ministerio Público decidieron abrir una investigación para determinar posibles hechos punibles que se pudieron configurar durante la negociación de los contratos con Brasil.
“He dispuesto la conformación de un equipo de agentes fiscales para la investigación de hechos que pudieran tener relevancia penal y que se mencionan en el informe final del examen especial a la deuda de la Entidad Binacional ITAIPU realizado por la @contraloriapy”, escribió la titular del Ministerio Público en sus redes sociales.
Los agentes designados para dicha investigación son Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma, según anunció Quiñónez.
Antes de la reacción de la Fiscalía al informe presentado por la Contraloría, desde el Congreso Nacional ya se dieron varias críticas y rechazos, así como la iniciativa de denunciar penalmente el caso para que sea investigado por el Ministerio Público.
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Ayer lunes, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer su informe sobre la auditoría hecha a la deuda de Itaipú Binacional, en la que concluyó que se ha violado el tratado al fijarse un precio menor por la energía eléctrica entre 1984 y 1997 en beneficio del Brasil y se generó una deuda ilegal de US$ 4.193 millones en detrimento del Paraguay.
Dicho reporte confirmó que la deuda espuria aplicada a Itaipú, se generó a lo largo de los años por preferencias hacia el Brasil a la hora de hacer los negocios.
“Las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR), expuestas a lo largo del Informe final, demuestran claramente que todas ellas fueron en beneficio de Eletrobras y del Estado brasileño y en perjuicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDEI y del Estado paraguayo, a pesar de ser la Entidad Binacional Itaipú propiedad del Estado paraguayo y del Estado brasileño en partes iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones”, reza parte del informe presentado por el contralor Camilo Benítez.
Consultado al respecto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo que aún no tenía conclusiones sobre el tema y que el informe sería analizado.