“Es muy importante el trabajo realizado por la Contraloría, cuyo informe como institución oficial, tiene mucho valor y debe ser tenido en cuenta. Llegó un poco tarde porque las deudas ya están siendo canceladas, pero se debe analizar si corresponde reclamar los abusos enumerados por el organismo contralor”, expresó.
Cuando se le consultó dónde debía realizarse este reclamo, agregó que tiene que ser a nivel diplomático, vía “altas partes”. “La Cancillería, como alta parte, debe hacer el reclamo (a su par de Brasil). Para esto, será importante definir qué es lo se va reclamar, sustentado, fundamentado”, expresó.
Al mismo tiempo, Montanía manifestó que esto es una advertencia para que futuros y actuales directivos de la Binacional no caigan en este tipo de abusos. “Y que sirva de ejemplo para los actuales y futuros directivos de la binacional para no aceptar eventuales irregularidades que puedan perjudicar a Itaipú y por ende al Paraguay”, agregó.
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Mencionó que la deuda de Itaipú se dividió en parcelas y que la que se originó con la aplicación de la tarifa por debajo del Tratado “fue la primera en cancelarse”, que es “la denominada deuda espuria de más de 4.000 millones de dólares”.
Al mismo tiempo, el experto resaltó que evidentemente para Eletrobras, la binacional representó un gran “negocio financiero”, un tema “aprobado el Consejo de Administración” (paraguayos y brasileros), que son la máxima autoridad.
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En una conferencia que duró casi una hora, el contralor Camilo Benítez presentó este lunes un informe de más de 100 páginas y citó cómo el lado paraguayo en Itaipú Binacional siempre salió perdiendo en comparación al lado brasileño en cuanto al precio de venta de energía eléctrica y las deudas que se fueron generando a lo largo de los años desde 1984.
La auditoría, que inició en 2009 y terminó recién este año a raíz de varias reticencias de otras autoridades de la binacional, concluyó que el Tratado de Itaipú se violó entre 1984 y 1996, con excepción del año 1991, porque Itaipú aceptó venderle a Brasil la energía a menor precio que lo estipulado en el documento, es decir, a menos de 17,10 kW/hora por mes.