El gerente general de la empresa iCrop SA, Ariel Peña Flores, confirmó a ABC que desarrollan sus actividades en el marco del plan propuesto para la regulación de las máquinas tragamonedas que son explotadas en sitios no exclusivos de juegos de azar del país, autorizado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) con la Resolución N° 34. Consultado sobre el sistema de notificación de operaciones sospechosas en cumplimiento de la Ley N° 1.015/97 de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, respondió que lo están “desarrollando” con el apoyo de una consultora.
Peña confirmó que a la fecha no realizó ningún reporte a las autoridades y alegó que tienen “cinco meses de vida, se están iniciando”.
De esta manera, la comisión presidida por José Antonio Ortíz Báez, cargo al que fue designado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó contrato directo, sin concurso, con iCrop SA a finales del 2020 para “regularizar” la utilización de esas máquinas que se encuentran en despensas, bares, bodegas y otros sin que el proyecto incluya una estrategia concreta de combate al lavado de dinero o bienes.
El acuerdo establece la legalización de 50.000 máquinas en todo el país (se desconoce de dónde surge ese número). A la fecha ya censó casi 20.000 máquinas. De esa cifra, más de 1.700 ya están catastradas, lo que significa que la firma ya recauda mensualmente entre G. 300.000 y G. 450.000 por cada una de esas máquina (y de ese monto sólo G. 88.051 es impuesto, el 30%).
De cumplir la meta prometida a Conajzar, los ingresos mensuales del Estado serán de US$ 652.229 y de la firma, US$ 1,5 millones.
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Diego Marcet, director jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), informó que desde el año pasado rige la Resolución N° 258, que reglamenta el sistema de detección de riesgos dirigido a las concesionarias supervisadas por Conajzar. Explicó que la normativa se basa en la identificación de los clientes y de las operaciones, y a partir de esa información, se obtiene un perfil de riesgo, que se denomina “eficiencia simplificada”.
Agregó que con estas reglas determinan los parámetros para realizar la revisión de origen de fondos del cliente del explotador.
En cuanto a la aplicación del reglamento, Marcet respondió que corresponde a las empresas que son concesionarias mediante sus habilitaciones municipales.
En el caso de la regulación de las tragamonedas, es un contrato de alcance nacional establecido por Conajzar. De hecho, hasta hoy no hay claridad si la Resolución atropella o no la autonomía municipal y su Régimen Tributario, establecido en la Ley N° Ley 620/76. Al respecto, la Municipalidad de Cambyretá del departamento de Itapúa envió un pedido de aclaración a esa institución a fines de abril y aún no le responden.
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Por otra parte, tampoco existen evidencias de que iCrop aplique la normativa de Seprelad a los clientes de tragamonedas, ya que no se les identifica, ni se observa un mecanismo que apunte a transparentar el flujo de dinero de este juego de azar con la regulación impuesta por Conajzar y otras normas, comentó Lorena Rojas, presidenta de la Asociación de Juegos de Azar.
Uso de la fuerza pública
Explotadores de tragamonedas lamentaron que la fuerza pública sea utilizada para amedrentarlos y accedan a ser sometidos al catastro y así, iCrop SA aumente su recaudación. Indicaron que reciben las notificaciones firmadas por Peña por empleados de iCrop que se encuentran acompañados de agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía.
En este contexto, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, el 2 de julio último firmó la Resolución N° 2.565 con la cual destaca que el juego clandestino es un flagelo que representa evasión de impuestos y es un escenario propicio para blanquear recursos provenientes de actividades delictivas, por lo que dispuso la conformación de un equipo de fiscales que se encarguen de denuncias vinculadas a dicho hecho punible, específicamente de la quiniela.
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Conforme a reportes recibidos en ABC, la creación de este documento en plena campaña de regulación de tragamonedas es una táctica para que la firma de referencia amenace a los locales para someterse a las nuevas reglas, cuya legalidad es cuestionada en el Senado, que recientemente aprobó la interpelación a Ortíz.
Varios comerciantes se encuentran procesados por explotación clandestina tras ser denunciados por la firma dirigida por Peña. La sospecha radica que con ese documento busca asustar más gente que desconoce el contenido íntegro de la disposición de Quiñónez.