Representantes de la Conajzar mintieron al asegurar a ABC, de forma tajante, que la Resolución N° 34/2020 de dicha institución sólo habilita al censo y catastro de todas las máquinas electrónicas tragamonedas del país que funcionan en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como despensas, bodegas y otros, y que para ese trabajo contrataron a la empresa iCrop SA (representada por Ariel Peña). Reiteraron que necesidad de conocer la cantidad de aparatos que exponen a los niños a caer en la ludopatía es real, porque muchos están en vía pública al no tener control, y que el plan es legalizar esos locales, cobrándoles canon y que en dos años se definirá el software con el cual se cobrará otro canon que será sobre el “win” (beneficio final de la máquina).
Pero el anexo de la correspondiente resolución al que accedió nuestro diario, después de las entrevistas con esos representantes de la firma, le permite a iCrop explotar el juego. Con esto se revela que Conajzar también le otorgó el certificado de operadora de juego, documento que le permite operar de forma “legal”, aunque se cuestiona el sustento jurídico de todas estas atribuciones, asi como del mismo contrato entre Conajzar y la firma iCrop. Intentamos tener una explicación de Conajzar al respecto pero no tuvimos respuesta.
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Javier Balbuena, expresidente de Conajzar y actual asesor de esta actividad, explicó a nuestro diario que ese certificado es parte del catastro para conocer la cantidad de empresas que operan legalmente en el país, razón por la que no se explica que la actual administración contrató a iCrop SA para que haga una lista que ya se tiene y, además, en este caso apunta a legalizar aquellas máquinas que están en sitios prohibidos en diversos decretos y leyes. “La empresa y Conajzar dicen que el contrato es sólo censo, entonces por qué tiene este certificado”, se preguntó.
Otra irregularidad de la resolución es que se le permite a iCrop SA subcontratar a terceros para cumplir sus funciones, sin delimitar la cantidad de acuerdos ni especificar los términos de los subcontratos. Con esto y conforme a denuncias recibidas, la empresa usurpa las funciones de Conajzar y autoriza a las firmas a explotar el juego de azar de tragamonedas, atribución que es exclusiva del Estado.
La institución de referencia aún no mostró el contrato con iCrop ni la lista de los subcontratados, a pesar de que son documentos públicos. Hay sospechas de que además del riesgo del lavado de dinero, este lucrativo “negocio” también esté financiando a políticos.
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Calcan estructura de otros juegos de azar
Según las explicaciones recibidas, la estructura del “negocio” con iCrop SA es similar a la de otros juegos de azar que trabajan mediante agencias distribuidas por todo el territorio nacional.
En este caso, Conajzar otorgó a la empresa privada una “concesión” y la posibilidad de explotar el juego de las tragamonedas, así como de subcontratar representantes en todo el país, que son las agencias, sobre las cuales no se tiene ningún control ni acceso a sus contratos.
La diferencia con otros juegos de azar radica en que en esos casos, hay una licitación pública, mientras que a la firma iCrop, para este trabajo sobre tragamonedas, le dieron un contrato directo.
La resolución establece la “regulación” de 50.000 máquinas, por cuyas gestiones el Estado recibirá apenas el 30% de la recaudación, mientras que el 70% irá para iCrop; unos US$ 652.229 frente a US$ 1,5 millones al mes, respectivamente.
Conajzar redactó contrato a medida
En la Res. N° 34, Conajzar establece sólo un ítem de sanciones y castiga con un apercibimiento al local que incumple las reglas, ya sea porque permiten que niños jueguen con las máquinas o por falta del pago de canon. En caso de reiteración de la falta, puede llegar a la prohibición al local de que siga explotando estas máquinas. No se habla del castigo ni rescisión de contrato con iCrop, al menos en ese documento. Hay evidencias de que no se cumple el tope de catastrar sólo 3 máquinas por local y de que iCrop se excede en sus competencias al controlar salas de juegos.