El caso por el que está imputado Ferreira es complejo, pero básicamente hubo una separación de intereses dentro de la empresa T&C SA en torno a la decisión de emisión de acciones y en cuanto a la supuesta apropiación del pago mensual que le correspondía como vicepresidente de la firma a Julio Ramón Lesme por casi G. 3.000 millones.
Según la denuncia hecha por Ana Brun, esposa de Julio Ramón Lesme y también accionista de T&C SA, Griño y Ferreira justificaron estos pagos con facturas y documentos falsos presentados en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Sin embargo, no hicieron las transferencias que debían a los ahora denunciantes.
Brun añadió en su denuncia que, además de pedírseles factura a crédito y no cobrar su esposo los salarios que le correspondían (cerca de 10 pagos que totalizaron G. 2.753 millones), tampoco percibieron el dinero por las utilidades de la empresa entre 2018 y 2019, una suma que asciende a G. 17.536 millones, por lo que el perjuicio para el matrimonio Lesme–Brun ascendería a G. 20.289 millones.
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La fiscala también aduce que Ferreira habría falsificado un documento de trabajo en connivencia con Griño para una licitación hecha en 2017 que lo ubicaba como “jefe de Obras y encargado de la empresa T&C SA” desde 2017 hasta 2020, los mismos años en que fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UNA o presidente de la ANDE, cargo del que fue desvinculado en julio de 2019 tras conocerse el caso del “acta entreguista” de Itaipú, por lo que habría una “obvia incompatibilidad” en sus funciones públicas y privadas, además de la falsificación del documento para una licitación. Así, la fiscala Cano pide 6 meses para hacer su investigación.