Defensoría Pública promovió 123 amparos para acceder a vacunación antiCOVID

La Defensoría Pública promovió, hasta el momento, 123 amparos constitucionales a favor de personas en situación de extrema vulnerabilidad que solicitaron acceder a la vacunación o internación en el marco de la pandemia por COVID-19. La defensora general, Lorena Segovia, dijo hoy que a medida que avanza el plan de vacunación podrían aparecer nuevos casos de personas que recorran a instancias judiciales para lograr inmunizarse.

Defensoría Pública promovió 123 amparos para acceder a vacunación antiCOVID. Según mencionó la defensora general, Lorena Segovía, el avance del programa de vacunación contra el coronavirus hará que se presenten nuevos casos de pedidos de amparos para acceder a las dosis.Archivo, ABC Color
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De acuerdo a los datos presentados por la Defensoría Pública, de las 123 personas beneficiadas, 33 fueron representadas para vacunaciones contra la COVID-19, dos fueron para usufructo de la unidad de terapia intensiva y otras dos para acceso a medicamentos.

Los amparos judiciales promovidos por la Defensoría Pública se enmarcan, especialmente, en situaciones en las que las personas por extrema necesidad buscan en la justicia una determinación para acceder ya sea a la inmunización contra el coronavirus o para acceder a camas de cuidados intensivos.

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La defensora general, Lorena Segovia, comentó que hasta la fecha, no se han dejado de presentar amparos judiciales para acceder a la vacunación y que el avance en el plan de inmunización contra el virus, planteará nuevos casos que buscarán ser beneficiados con amparos. “A medida que avanza el plan de vacunación aparecerán nuevos supuestos, otros supuestos porque ahora habiendo vacunado a las personas con enfermedad de base ya no hacen falta estos amparos”, comentó.

De igual forma, mencionó que las solicitudes de amparos para personas que requieren internación en terapia intensiva, se siguen solicitando.

Por otra parte, desde la Asociación de Familias de Víctimas del COVID, afirmaron que seguirán recurriendo a la medida judicial porque la ley de “gasto cero” no cubre todos los gastos de pacientes que ingresan a cuidados intensivos.

Conforme señalaron que la ley de “gasto cero” no se aplica debidamente ya que existen numerosos impedimentos o “trabas” legales desprendidas de la reglamentación de estos programas sociales.

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