Gremios dicen que críticas a titular del Ministerio Público es para amedrentar a fiscales

El Frente Unido, conformado por gremios organizados (sindicatos y asociaciones) de funcionarios del Ministerio Público, emitió un comunicado para dar su “apoyo ante el constante hostigamiento y persecución pública sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscala general del Estado, Dra. Sandra Quiñónez”, al que agrega que hay motivaciones con “intenciones particulares y de trasfondos ajenos al rol social y que intentan socavar la independencia institucional”, refiere el comunicado que rechaza asimismo los cuestionamientos a éste órgano del Estado.

Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, fiscala general del Estado.Archivo, ABC Color
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Odilón Turo, secretario general del Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público del Paraguay (Sifetramipar) manifestó el comunicado de apoyo es por el “atropello” a la fiscala general y agregó que incluso no van a dudar en tomar otras medidas en defensa de la institución, ante la falta de presupuesto, responsabilidades que le atribuyen que no son competencia de su ámbito, persecución política, inclusive, indicó.

El manifiesto dice: “Dentro de esta persecución intentan atribuir al Ministerio Público, erróneamente, atribuciones que no están alineadas en el marco de la Carta Magna, aun así en nombre de la sociedad a la que representamos y ante la orfandad de respuesta de otros órganos, hemos cumplido con esas labores para dar respuestas a la ciudadanía, pese al escaso y continuos recortes presupuestario con el que también somos castigados”.

Prosigue: “Vemos cómo algunos sectores que debieran representar la veracidad de los hechos con objetividad, sucumben a esas pretensiones en un claro intento de amedrentamiento a la labor de los agentes fiscales y funcionarios, en coincidencia con investigaciones que afectan otros intereses”, sin dar nombres a quien o quienes se refiere.

“Instamos al respeto de la institucionalidad de la República como signo de un Estado de derecho democrático, pues las funciones desarrolladas en el marco de una causa jurídica, no pueden ser motivaciones para persecuciones, al ajustarse estrictamente de acuerdo con las normativas vigentes, el Código Penal y el Código Procesal Penal, así también expresamos nuestro apoyo a la gestión que viene realizando la administración actual en procura del ejercicio independiente de toda presión e injerencia fuera del rol constitucional”, dice finalmente el comunicado.

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