Preocupa a parlasurianos que el gobierno paraguayo se avenga a pretensión brasileña sobre Itaipú

El Poder Ejecutivo planea bajar ya la tarifa al Brasil a partir del 2022, advirtió el presidente de la Comisión de Hidroeléctricas Binacionales del Parlasur, Ing. Ricardo Canese. En su evaluación sobre la propuesta del gobierno en cuanto a la revisión del Anexo C de Itaipú, consideró preocupante que el mismo gobierno paraguayo busque avenirse, de buenas a primeras, a la pretensión del Brasil en cuanto al precio de la energía a partir del próximo año.

Reunión virtual de la Comisión Especial sobre Hidroeléctricas Binacionales, donde analizaron el planteamiento preliminar del gobierno respecto a la tarifa de Itaipú.
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La Comisión Especial sobre Hidroeléctricas del Parlasur realizó esta mañana, de manera virtual, su reunión ordinaria, en la cual evaluó el análisis y los escenarios que plantea el Poder Ejecutivo en cuanto la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú, referido al costo de la energía para los países contratantes.

Las cuestiones resaltadas fueron la intención de bajar la tarifa, inclusive ya a partir del 2002, así como la falta de trabajos de infraestructura para poner al país en condiciones de trasmitir el 50% de la energía que le corresponde de toda la hidroeléctrica binacional.

Estuvieron presentes en la reunión el Ing. Ricardo Canese (FG), presidente de dicha Comisión; Edith Benítez (ANR), Blanca Lila Mignarro, Enzo Cardozo y Neri Olmedo (PLRA). La exposición estuvo a cargo del parlamentario Canese, quien realizó una extensa evaluación del documento en cuestión, luego hicieron comentarios y preguntas los demás integrantes.

Grave

Entre otros aspectos relevantes, Canese resaltó la pretensión del Poder Ejecutivo, liderado por Mario Abdo Benítez, de vender a mucho menor costo la energía que le corresponde al Paraguay (y que no utiliza) al Brasil. “Lo que está en cuestión es la tarifa de exportación al Brasil y se quiere bajar ya para el 2022 (debido a la reducción de la deuda de la binacional), a partir de una decisión del Consejo de Administración”, indicó, al tiempo de afirmar que eso sería como “entregar la primera trinchera” y lo consideró extremadamente grave.

Sobre el tiempo en que el Consejo de Administración, integrado por seis paraguayos y seis brasileños, tratará el tema, indicó que sería en setiembre u octubre de este año. “Lo único que tiene que hacer Abdo es ordenarle a los consejeros paraguayos que no se baje el precio, porque tarifa y costo son dos conceptos totalmente distintos”, agregó.

Canese consideró inaceptable que el gobierno paraguayo asegure que, a partir del 2023, la tarifa debe bajar, de manera inexorable, el 60% de su costo actual, incluida la no utilizada por Paraguay y que le vende al país vecino. Añadió que hay pelear, ya sea por aumentar a precio de mercado o venderla al mismo precio, mientras que los respectivos países sí, efectivamente, pueden bajar sus costos pero de la energía que le corresponde a cada uno.

Infraestructura

Por su parte, la parlamentaria Edith Benítez aseguró que es de suma relevancia empezar las obras que deben hacerse para que Paraguay puede transportar el ciento por ciento de la energía que le corresponde al territorio nacional, atendiendo a que ello fortalecerá al país en la negociación e instó a que los medios de prensa insistan sobre este tema.

También requirió una nota por lo cual se pida explicaciones de por qué los retrasos del Ejecutivo, al referirse a las dos líneas de 500 kV que faltan desde la estación de Yguazú y otra línea de Ayolas a Valenzuela, así como lo relacionado a la sincronización del sistema eléctrico nacional.

La parlamentaria Blanca Lila Mignarro también aludió a cuestiones relativas a la negociación con el Brasil y pidió que se envie, por escrito, los planteamientos del Parlasur a la Comisión Nacional de Seguimiento de la negociación con el Brasil, mientras que Enzo Cardozo recordó el Decálogo de la Justicia, producido por el Parlasur, en el que se enumeran taxativamente las cuestiones que se deben hacer para el Paraguay saque provecho de la tratativas.

Estas y otras consideraciones fueron analizadas del documento preliminar que había sido entregado al Congreso por la Cancillería Nacional, el 25 de mayo de este año.

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