“Cualquier parecido con la realidad no es simple coincidencia”, apenas una forzada paráfrasis de este trillado refrán, porque el párrafo con que arranca esta nota, pese a que contiene reclamos muy parecidos a los paraguayos al Brasil sobre Itaipú, no se originan en alguna institución un organización no gubernamental del Paraguay, tampoco en sus medios de comunicación, sino en el Estado de Paraná, Brasil, con el que estamos unidos hoy mediante el Puente de la Amistad y muy pronto con el de la Integración, según fuentes oficiales.
Si los puntos suspensivos del primer párrafo llenamos con “La intención es primero, luego Paraná y atribuimos la declaración a Marcos Domakoski, presidente do Movimento Pro-Paraná, “que reúne empresários e setores da sociedade civil organizada para buscar o desenvolvimento do estado”, según detalla Elvira Fantin para Gazeta do Povo, de Curitiba, concluiremos que pertenecen al estado brasileño de Paraná, de cuyo territorio, una parte ocupa del gran complejo hidroeléctrico binacional.
Añade la colega que, “según el movimiento, la expectativa es una compensación por las grandes pérdidas que tuvo y está teniendo Paraná como consecuencia de la construcción de la represa hidroeléctrica: inundación de grandes áreas cultivables; reducción del potencial turístico con la desaparición de los Saltos del Guairá; pérdida en la recaudación de ICMS; además de los impactos tarifarios en los consumidores de Copel, derivados de un mayor costo de energía de Itaipu por la compra obligatoria, que solo afectó a las distribuidoras del Medio Oeste, Sudeste y Sur - en el momento de la construcción de la planta, las redes Norte y Noreste no estaban interconectados al sistema nacional”.
Eso y mucho más
Si el movimiento Pro-Paraná exige al gobierno federal del vecino país compensaciones por inundación de territorio, pérdida de áreas cultivables, impuestos no recaudados, la anulación de un polo de atracción turística como lo fueron los Saltos de Guairá, nuestro país, engarza a esa cadena de reivindicaciones nada menos que su derecho de copropietario por partes iguales de la gran hidroeléctrica, de disponer por ende, plenamente, de la mitad de su producción y no solo del 16,6%, según el promedio de las cesiones anuales en 37 años de operaciones y el “justo precio”, por el 83,4% que debió ceder a Eletrobras en tan extenso período a cambio de una “compensación” al margen de acuerdos bilaterales previos, como el Acta de Foz de Ygyazú de 1966 y el mismo Tratado de Itaipú de 1973.
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No obstante, Domakoski, según agrega Fantin, advierte que tienen una preocupación, “que la privatización de Eletrobras acabará con la posibilidad de que Paraná tenga la debida compensación”.
“Según ell artículo 21 de la Medida Provisional 1031,-agrega la periodista de Gazeta -, que trata de la privatización de Eletrobras, establece que los US$ 2.000 millones de ingresos anuales que tendrá Itaipú para ahorrar a partir de 2023, cuando salde la deuda que contrajo para su construcción, serán otros estados los beneficiados, por ejemplo al financiarse, con esos recursos “proyectos de centrales termoeléctricas en el noreste”.
¿A qué ahorro se refiere?
Recordemos que en 2023, el saldo de la deuda que la binacional contrajo para construir la hidroelécrica, que aún ronda los US$ 4.000 millones, desaparece, luego también su peso del costo de su servicio. El Sr. Domakoski no especifica cómo podrían recolectar los US$ 2000 millones que ahorrarán como consecuencia de la reducción del gasto de explotación de la binacional, porque según el Tratado la tarifa debe ser el exacto reflejo de sus gastos.
Ante el hecho señalado, agrega Gazeta do Povo que la semana pasada, el Movimiento Pró-Paraná y el Instituto de Ingeniería de Paraná enviaron una carta oficial al gobernador Carlos Massa Ratinho Junior, para poner a su disposición las entidades para debatir sobre el tema. “También buscamos el apoyo de los parlamentarios, especialmente del líder de gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros (PP) , y del líder del grupo parlamentario de Paraná, el diputado Toninho Wandscheer (PROS) “, informó Domakoski.
Elvira Fantin apunta que uno de los posibles aliados del movimiento, “y una potencial carta de triunfo en esta disputa”, el líder del gobierno de la Cámara, Ricardo Barros, adopta una postura más resignada sobre el tema. A través de una nota, alega que “el MP de Eletrobras lleva más de dos años en marcha en el Congreso Nacional y, en ningún momento, representantes de Paraná presentaron o solicitaron enmienda alguna que asignara estos recursos de otra manera”.