“De todo ya pasamos, no hay justicia, hasta ahora es una persecución total, yo con mi enfermedad tengo que estar viniendo, (...) desde el año 1962 mis padres ocupan esas tierras y ahora estamos luchando por conservar nuestra única fuente de trabajo (...) ya no sabemos a donde recurrir, la gente pobre también merece justicia”, dijo Alicia Garcete, quien padece cáncer y cuya madre de más de 90 años también fue dudosamente imputada hace poco tiempo.
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“A esta familia se le quitó todo injustamente y volvieron recuperar, no contentos con eso, realizaron una medida cautelar, pero esta medida habla de la prohibición de ingresar a la Estancia Korochire, (...) quieren hacer una pena anticipada, quitarles de la posesión y del lugar para invadir la propiedad y eso es injusto”, enfatizó la abogada Hellman.
En la jornada de ayer, se dejó sin efecto esta medida cautelar que entre otras cosas, prohibía que algún miembro de la familia, ahora imputada ingrese a la propiedad en disputa.
Antecedentes
La familia Garcete Fleitas posee una propiedad de 12.000 hectáreas en la zona conocida como Korochire, distante a unos 160 km del casco urbano de Fuerte Olimpo. El sitio fue ocupado por el ya fallecido Ramón Garcete en el año 1962, dedicándose a la ganadería en pequeña escala. En el lugar nacieron varios de sus numerosos hijos.
En el 2011 comenzó el calvario de esta familia cuando un grupo ligado al exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) se presentó alegando ser dueño de la tierra, dijo Alicia Garcete, una de las afectadas por este intento de despojo.
“En el 2016, una orden judicial nos impedía acercarnos a nuestra tierra donde vivimos todo este tiempo”, dijo la mujer, “razón por la cual perdimos 2.000 cabezas de ganado registrados en Senacsa”, lamentó.
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“Tras una dura batalla judicial logramos en el 2019 recuperar las tierras, no así los vacunos, pero ahora de nuevo se inicia otra persecución judicial con el único objetivo de que abandonemos el lugar. Se trata de la misma rosca mafiosa”, relató la mujer.
En este sentido, el Ministerio Público, a cargo de la fiscala Stella Mary Cano (recusada actualmente), procedió a imputar y ordenar la detención de cinco personas, entre ellas la señora Camila Fleitas de Garcete, de 92 años, y sus hijos Alicia y Dionicio Garcete.
Las otras personas imputadas son José Asunción Ayala, quien actuó de testigo para avalar el arraigo de la familia Garcete Fleitas en el lugar, y el exjuez Aníbal Ortiz Granada, quien devolvió las tierras a esta familia.