Esta es una cruzada que inicio por mi familia, y voy a continuar hasta obtener una respuesta favorable, sostiene Prieto, un vendedor informal, padre de cinco hijos.
Prieto, como muchos otros, es uno de los miles de desplazados por la construcción de la hidroeléctrica de Yacyretá que tuvieron que dejar sus antiguos barrios para instalarse en las afueras del centro urbano, o, como en su caso, en el vecino distrito de Cambyretá.
Hoy, 29 de junio, inicio mis marchas, que se mantendrán por tiempo indefinido. Hasta tener una respuesta voy a venir caminando todos los días, y si no hay respuestas voy a venir con toda mi familia, y si aun así no logro, voy a marchar a pie hasta Asunción, anunció el manifestante.
Prieto exige a la EBY el pago de una suma de G. 60 millones en concepto de daños y perjuicios provocados por la entidad en los últimos tres años en que vivió en zozobra, reclamando la reconstrucción de la vivienda que le habían asignado, porque se había destruido durante un temporal.
Durante tres años estuve detrás de la EBY reclamando, hasta que finalmente me construyeron una nueva casa, lo que estoy reclamando ahora es el daño moral y los perjuicios que me ocasionó esta situación, por todo este tiempo que estuve reclamando para que atiendan mi situación, señaló.
Según dijo, en noviembre del año pasado presentó su pedido de indemnización, pero le fue rechazado. En el mes de mayo de este año reiteró su pedido, el cual todavía no fue respondido. Esta vez voy a realizar estas manifestaciones hasta que me acepten el reclamo, afirmó.
Viviendas de pésima calidad
Prieto recordó que fue relocalizado en el año 2006, junto con otros cientos de personas, en el barrio Arroyo Porã del distrito de Cambyretá. Las viviendas fueron hechas con mucha precariedad, no tienen base, lo que las hace muy frágiles, y pareciera que “ni cemento tienen”, afirmó. Con cada tormenta o lluvia vivíamos con el terror de que la casa se caiga sobre nosotros, dijo.
Añadió que todas las viviendas del conjunto habitacional fueron construidas con mucha precariedad, para abaratar costos de las empresas constructoras. No solo es mi caso, muchas familias tienen ese mismo problema con sus viviendas, indicó.