Carlos Bogado, director de Aporte Obrero Patronal del IPS precisó a ABC TV que unas 271 empresas están en la mira de la previsional ya que solicitaron la suspensión del 100% de sus empleados, un hecho llamativo porque las mismas siguieron facturando en volumen importante.
Según detalló esto representaría aproximadamente a unos 1.408 trabajadores afectados con la medida. Bogado indicó que el ente tiene fiscalizado por el momento al 20% de estas empresas, aproximadamente unas 30 firmas, constatándose justamente que algunas de ellas verificaban esta situación.
Limitaciones
Justificó además que no están pudiendo avanzar más rápido con las averiguaciones por la falta de fiscalizadores y por la negativa de algunas empresas para colaborar. Otra de las limitaciones que mencionó Bogado es que están pendientes de unos informes que debe pasar el Ministerio de Hacienda para hacer el cruzamiento de datos correspondiente.
“Ahora estamos en análisis documental, que es un análisis muy minucioso a cada empresa, para ello se está haciendo el pedido a las mismas para que envíen ciertas documentaciones, y estamos pendientes del informe de Hacienda”, sostuvo Bogado.
Sobre la cifra indicada por Pedro Halley en su momento de unas 6.000 que estarían defraudando al IPS con las suspensiones laborales, se limitó a mencionar que la cantidad de empresas que están investigando en base a cifras y datos de sospechas son estas 271
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Más denuncias en sector transporte y comercios, dice Halley
Pedro Halley, exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), reiteró hoy justamente que hay empresarios del sector transporte y del comercio que explotaron a sus trabajadores durante la pandemia, al hacerles asistir estando suspendidos. Estos empleados cobraban el subsidio de la previsional, G. 1.096.000. Añadió además que eso se puede demostrar fácilmente cruzando los datos que están en el ente.
A finales de abril pasado, desde la Gerencia de Prestaciones Económicas del IPS y la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS se había denunciado el hecho y se calificó incluso como una estafa a las arcas de la previsional. En ese momento se hablaba de una muestra de 6.000 empresas de un total de 18.000 que debían ser investigadas.
“En abril teníamos entre 15.000 a 18.000 pedidos de suspensiones. Cuando se socializó este tema, bajó a 7.000. Como se dijo que se iba a enviar a Fiscalía, tomaron prudencia”, agregó.
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“Las llamadas eran de trabajadores de todos los sectores, industrias también, pero mayoritariamente eran choferes que fueron explotados, (funcionarios de) tiendas de artículos, de venta de ropas”, contó.