La rendición de cuentas del gobernador Hugo Javier, hecha a las apuradas luego que la Contraloría General de República lo notificara el pasado 20 mayo, ante la falta de documentos que respalden el uso de US$ 1.000.000, cada día presenta nuevas irregularidades.

Al respecto, la CGR, Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), ya se encuentran investigando el caso donde una ONG llamada Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que recibió G. 5.100 millones de la institución departamental y que está representada por Tadeo Álvarez Cristaldo, así como también el Consejo Regional de Salud que recibió G. 1.276 millones y que presidida por el mismo gobernador y representada por el secretario de Salud de la Gobernación de Central, doctor Hugo Cabrera, presentaron varias facturas clonadas y otras a crédito, para justificar el uso del dinero otorgado por el Ejecutivo el año pasado, para generar fuente de trabajo durante la pandemia.

Referente a las facturas a crédito que aparecen en la rendición de cuentas de la Gobernación, las mismas no tienen recibo de dinero; es decir, de pago, sin embargo aparecen como pagadas. Preguntamos sobre esta situación a uno de los auditores, Mario Florenciáñez, director de la Dirección de Rendición de Cuentas de la CGR, y el mismo explicó que indefectiblemente cada factura a crédito rendida debe estar acompañada de su recibo de pago; es decir, la cuenta por el servicio contratado debe estar cancelada.

Florenciáñez indicó además que la auditoría durará 45 días hábiles que deben ser contados desde el día de la notificación que fue el 20 de mayo de este año. Entonces, se podría tener un resultado el próximo 21 de julio, aunque dijo que podría darse una prórroga. También aseguró que de constatarse hechos irregulares la Contraloría remitirá las pruebas al Ministerio Público para una investigación penal.

Empresario dice que ONG no le pagó

El consultor Antonio Rodolfo Arpea Chávez, quien desde hace más de 12 años se dedica al estudio del impacto ambiental, preparó un presupuesto para la ONG CIAP, por un valor de G. 65.000.000, para realizar dos informes de la zona donde se harían dos obras para la Gobernación de Central. Representantes de CIAP, le pidieron en enero pasado que enviara “por foto” sus facturas a crédito para ordenar los pagos. Uno de los comprobantes es por G. 30.000.000 y el otro por G. 35.000.000.

Antonio Arpea, en comunicación con ABC Color, aseguró que no recibió ningún solo pago por parte de CIAP, ya que el estudio de impacto ambiental no fue realizado. El afectado agregó que desde marzo perdió contacto con los funcionarios de CIAP y que decidió entonces anular las facturas. Incluso dijo que los comprobantes originales están en su poder, sin embargo, la fundación de Tadeo Álvarez Cristaldo, presentó dichas facturas, presumiblemente clonadas, a la Gobernación como pagadas y la institución departamental rindió cuenta con los mismos comprobantes a la CGR, pero no tienen recibo de pago.

El ambientalista además agregó que no estaba de acuerdo con los términos del contrato ya que la OGN le pedía firmar por la certificación de las obras, sin embargo, Antonio Arpea, se negó y dijo que su trabajo es evaluar el impacto ambiental que puede tener la ejecución de los trabajos y no verificar si la obra se hizo bien o mal.

Empresa fantasma y más facturas a crédito

Llegamos hasta la dirección calle Pindolo c/ Ramal Areguá, de la compañía Pindolo de este distrito. En el lugar supuestamente está ubicada la empresa “E&D”, de Eloy Martínez Leguizamón, quien habría sido contratado por la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), para un “proyecto de pavimentación asfáltico tipo empedrado en el departamento Central”, según la descripción de la factura a crédito, que también forma parte de la rendición de cuentas de Hugo Javier, gobernador de Central. Sin embargo, la firma no existe en la ubicación descripta, también preguntamos a los lugareños si conocen a Martínez Leguizamón, pero los mismos contestaron que no.

El comprobante de la supuesta obra realizada tiene fecha 27 de febrero y por el monto de G. 69.621.818, tampoco tiene recibo de pago de acuerdo a los documentos de obran en el portal de la CGR. Llamamos al número de teléfono que aparece en la factura y fuimos atendidos por una mujer quien manifestó que el número no corresponde a Eloy Martínez.

También aparece otra factura a crédito del “Ing. Civil Óscar Gaete Gómez” a nombre de CIAP. Tiene fecha 22 de febrero y según el detalle el servicio prestado fue una supuesta “construcción de canal a cielo abierto con muro de piedra y base de hormigón en las calles barrio Fátima en San Lorenzo”, por el monto de G. 844.849.225. Tampoco existe el recibo de dinero.

Intentamos hablar con Óscar Gaete Gómez y lo llamamos en el número que aparece en la factura, pero no contestó las llamadas a su celular.

Supuesta lesión de confianza por más de G. 3.000 millones

ABC Color inició una investigación a raíz de la denuncia pública hecha por los concejales departamentales Roque Ávalos (PLRA) y Adrián Billy Vaesken (PLRA), sobre facturas clonadas presentadas en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central, sobre el uso de US$ 1.000.000 otorgado por el Ejecutivo.

De acuerdo al cruce de datos en base a los documentos que obran en el portal de la Contraloría General de la República y los testimonios de los propietarios de varias empresas que se dedican a distintos rubros, se pudo comprobar la existencia de facturas clonadas y otras facturas a créditos que no fueron pagadas, sin embargo, sí figuran como abonadas.

Hasta el momento, la supuesta lesión de confianza cometida por la Gobernación de Central supera los G. 3.510 millones. Este monto es parte de los G. 5.100 millones transferidos al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), para la ejecución de obras en Central durante la pandemia.

También, se duda del uso de más de G. 1.300 millones gastados por el Consejo Regional de Salud organización presidida por ley, por el mismo gobernador Hugo Javier González, cuyo representante en este caso es el secretario de salud de la Gobernación, doctor Hugo Carera. En este caso, según la rendición de cuentas, compraron mobiliarios hospitalarios de una metalúrgica donde se fabrican carrocerías para camiones de gran porte, por un valor de G. 593 millones.