El proyecto de ley “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y contención social para mitigar el impacto de la pandemia de la COVID-19”, dispone en el capítulo del financiamiento que lo recursos de las empresas públicas pasen al Ministerio de Hacienda hasta el equivalente de US$ 50 millones.
“Los recursos financieros no comprometidos en el presente ejercicio fiscal de las empresas públicas, hasta el equivalente a US$ 50 millones, colocados en cualquiera de las instituciones que comprenden el sistema financiero nacional, serán transferidos al Tesoro Público, dentro de los plazos previstos en la respectiva reglamentación, para el financiamiento de los fines previstos en la presente ley”, dice el artículo 27.
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Agrega, que estos recursos serán reembolsados de manera gradual en los siguientes ejercicios fiscales, de conformidad con la disponibilidad financiera del Tesoro Público y previo requerimiento por escrito de las respectivas empresas públicas.
Las empresas presupuestadas
Aunque no menciona las empresas que estarán alcanzadas, en la ley de presupuesto se agrupa como empresas públicas a: La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Petroleos Paraguayos (Petropar) e Industria Nacional de Cemento (INC).
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El paquete de consolidación económica incluye programas a ser ejecutado en el segundo semestre del año por valor de US$ 365 millones, de los cuales US$ 250 millones serían cubiertos con los derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que el próximo mes estaría confirmando el monto que le corresponde a Paraguay.
La diferencia se financiará con los fondos del presupuesto a ser reprogramados y redireccionados a los gastos prioritarios, que incluye los recursos de las empresas públicas, y en lo que respecta al Fogapy con la emisión de bonos del Tesoro por US$ 25 millones, para capitalizar la entidad.
Hacienda, según el proyecto de ley, por su parte transferirá al Instituto de Previsión Social (IPS) hasta US$ 45 millones en concepto de aporte del Estado por la deuda, a fin de cubrir gastos vinculados al subsidio de reposo por enfermedad y para seguir otorgando la compensación económica a los trabajadores cotizantes activos. También habrá US$ 2 millones para subsidios a trabajadores independientes de los rubros gastronómico, eventos, bares, turismo, hotelería y afines.
Tratamiento de urgencia
El gobierno pidió tratamiento de urgencia para el proyecto de ley de consolidación económica y contención social. A través de esta ley se extiende hasta el 31 de diciembre la vigencia de la Ley N° 6.524/2020 que declara estado de emergencia en el país ante la pandemia del covid-19 y permite reasignar los recursos disponibles en el marco de la Ley N° 6.672/2021, que aprueba el presupuesto general de la Nación, así como de las leyes especiales que fueron dictadas en el marco de dicha declaración de emergencia, como gasto cero y fondos para UTI.