El tribunal de apelación penal, tercera sala, rechazó las apelaciones presentadas por las defensas del exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Fernando Gallardo de Brix, y de la exgerente administrativa de la Dinac, María Luz Chamorro Báez. Ambos acusados por supuesta lesión de confianza habían apelado la resolución del juez de garantías Miguel Palacios, quien rechazó el incidente de excepción de falta de acción.
El abogado Rodrigo Yódice, representante legal de Gallardo de Brix, había argumentado que el proceso judicial no puede continuar, como argumenta la Fiscalía, ya que la empresa Proyectos Global SA ha reparado íntegramente el perjuicio patrimonial, de casi G. 60 millones, que fueron depositados en una cuenta judicial.
Sin embargo, los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y José Agustín Fernández señalan que el artículo 25 de Código Procesal Penal establece que para la extinción de la acción debe darse la reparación integral del daño particular o del daño social causado y que dicha reparación debe contar con el consentimiento del Ministerio Público.
“En el presente caso no se produce la reparación del daño social causado y en consecuencia tampoco se produce el consentimiento del representante de la sociedad, es decir el Ministerio Público”, resalta en su fallo el Tribunal de Apelación que declaró inadmisibles las apelaciones presentadas por ambas defensas.
Una vez que el expediente baje de la Cámara de Apelaciones, el juez Miguel Palacios podrá fijar fecha para la audiencia preliminar y resolver si eleva el caso a juicio oral y público, como solicitaron los fiscales de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Sussy Riquelme y Juan Ledesma.
Fiscalía habla de “esquema delictivo”
La acusación por presunta lesión de confianza fue presentada el pasado 2 de mayo, en contra del extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo, y los funcionarios de la institución Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Rubén Ovelar, Luz María Chamorro y Fernando José Gallardo.
El Ministerio Público también acusó a Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Franco Vargas, representantes de la empresa Proyecto Global SA, la que finalmente vendió los tapabocas a la Dinac.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los siete acusados montaron un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”. Puntualiza que este esquema delictivo no solo posibilitó desviar los fondos públicos, sino también causó un perjuicio al patrimonio del Estado.
Agrega que en atención a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la Dinac adquirió 4.000 unidades de tapabocas por un costo inflado de G. 35.000 cada uno, cuando que cada mascarilla tenía un precio de mercado de G. 15.000.
La Fiscalía detalla en su acusación que un total de seis empresas de maletín inflaron en menos de un día y medio los precios y que, para colmo, los barbijos adquiridos ya habían vencido.