Ayer, el Congreso de Brasil dio media sanción a la privatización de la hasta ahora estatal Eletrobras, empresa propietaria junto a la ANDE de la represa de Itaipú. Al respecto, el ingeniero Félix Sosa, presidente de la compañía paraguaya, sostuvo este martes en conversación con ABC que este proceso formal no tendría consecuencias para nuestro país.
“El proyecto (de ley de Brasil) también plantea la creación de un ente público para administrar las centrales nucleares y de las represas. En ese sentido, no habría problema en la gestión de Itaipú. El tratado (de Itaipú) establece que podrán ser (las administradoras) ANDE y Eletrobras o empresas que las sustituyan”, explicó.
En el caso de privatizar Eletrobras, Brasil debe crear una nueva empresa. “No tenemos ningún inconveniente con este tema (…) Ese relacionamiento pasaría de Eletrobras a otra empresa que se crearía para el efecto. No hay inconveniente ni estamos preocupados por este tema”, insistió.
Sobre una deuda que Eletrobras sostiene con Paraguay, dijo que la misma data de 2018 y que tampoco habría problemas con esto porque los intereses se van generando a medida que transcurre el tiempo.
“Esa deuda continúa, van corriendo los intereses desde 2018, en ningún momento va a desaparecer. Esa es una deuda que la empresa que se quede con ella tiene que honrar con Itaipú”, finalizó Sosa.
“Señal peligrosa”
El viernes pasado, el canciller Euclides Acevedo dijo que la eventual privatización de Eletrobras es una “señal peligrosa” porque habría en nuestro país quien querría hacer lo mismo con la ANDE; es decir, privatizarla, a lo que él se “oponía tenazmente”.
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La agencia EFE informó ayer que la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto que hace viable la privatización de Eletrobras, la mayor del sector eléctrico en América Latina, mediante la emisión de nuevas acciones sin la participación del Estado por 258 votos a favor y 136 en contra.
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Según cálculos provisionales, la privatización de Eletrobras, a través de ese proceso de capitalización, podría rendirle al Estado brasileño unos US$ 12.000 millones. Los diputados ya habían aprobado el proyecto en mayo pasado, pero tuvieron que volverlo a analizar el lunes después de algunas alteraciones introducidas por la Cámara Alta la semana pasada.