El abogado César Núñez Alarcón asumió como defensor de la procesada Lorena de Barros Barreto y planteó un recurso de reposición contra la providencia por la cual se admitió la imputación por tráfico de influencias que presentaron los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Osmar Legal.
El poder que presentó el profesional del derecho es con apostillado de Madrid, lo que confirma que la procesada no está en Paraguay sino es España, como se manejó desde el inicio del presente proceso penal.
Por su parte el abogado Diego Miltos solicitó intervención en el proceso como defensor de Diego Di Stéfano e interpuso un incidente de nulidad absoluta de la imputación presentada por el Ministerio Público.
Ante la designación de los nuevos defensores y los recursos planteados, al juez Humberto Otazú, interino de su colega José Agustín Delmás (titular de la causa), no le quedó otra que suspender la diligencia, en la que se debe analizar las medidas alternativas a la prisión, que el Ministerio Público pidió para los procesados.
US$ 2 millones para “ayudar” a Messer
Lorena de Barros Barreto (48) y Diego Di Stéfano (58) fueron por el supuesto delito de tráfico de influencias junto a José Ramón Bogado Cardozo (47) –secretario privado de Villamayor en el Ministerio del Interior–, por supuestamente haber solicitado entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2019 la suma de US$ 2.000.000 a los abogados Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, defensores de Darío Messer, a cambio de ejercer sus influencias ante los miembros del Poder Judicial y con el entonces ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor.
Según la investigación fiscal, la suma requerida era para obtener y asegurar resultados favorables respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar los defensores en representación del entonces prófugo Messer ante las instancias judiciales, así como el ofrecimiento de garantías para su entrega y sometimiento ante la justicia paraguaya, refiere la imputación.
“En tal sentido, la suma solicitada sería distribuida en US$ 1.000.000 para Juan E. Villamayor, ministro del Interior, y el otro US$ 1.000.000 para los miembros de la Corte Suprema de Justicia”, resalta la imputación del Ministerio Público.