Se trata de Édgar Rubén Duarte (26), quien contaba con orden de captura emitida por la fiscala Sandra Ledesma, de la Unidad N° 4 de la Fiscalía de Luque, quien lo imputó por violencia familiar luego de que su anterior pareja, una menor, lo denunciara tras sufrir una golpiza y amenaza de muerte. Esta causa estuvo paralizada en el Ministerio Público por casi dos años, solo se presentó el diagnostico médico, no se llamó a declara a la víctima y tampoco se hizo un perfil victimológico con una sicologa y recién fue reabierta cuando el padre de otra menor denunció por estupro al violento hombre.
Al respecto, la fiscala Ledesma dijo que la denuncia recayó en manos de su antecesor en el cargo y que cuando ella se enteró inmediatamente lo imputó, ordenó la detención y solicitó una orden de alejamiento contra el agresor, pues la denunciante seguía recibiendo amenazas de Édgar Duarte. Agregó que ahora tiene seis meses para presentar acusación.
Entretanto, el caso de estupro está en manos de la fiscala Sonia Pereira, quien no lo imputó luego de un mes de la denuncia. Si bien la víctima está recibiendo contención psicológica por parte del Ministerio Público, el hombre la sigue amedrentando con mensajes de texto y a través de las redes sociales tanto a sus padres como a la adolescente.
Procesado por violencia amenaza a sus víctimas ante inacción policial
El padre de la menor lamentó el lento avance por parte del Ministerio Público, pues el hombre sigue amedrentando a su hija y a su familia. También la anterior pareja recibió amenazas cuando Édgar Rubén se enteró de que la denuncia seguía su curso. El hoy detenido dijo incluso que ya “arregló todo” y que tenía protección policial.
“Es muy triste lo lento que va nuestra justicia. Parece que esperan primero que se le mate a las mujeres para proceder a sacar a un agresor de las calles”, dijo el padre, cuyos datos omitimos porque la víctima es una menor de edad.
Édgar Duarte fue llevado por personal policial a la Fiscalía de Luque, en donde se abstuvo de declarar en ambas causas abiertas. El caso pasa ahora el juez penal de Garantía Nelsón Romero, que debe determinar si va a prisión o sigue libre, amedrentando a las denunciantes.