“Vemos con preocupación que existe una vertiginosa, y al mismo tiempo peligrosa, degradación en la labor de las instituciones estatales involucradas en el combate a este flagelo”, inicia un comunicado emitido por gremios empresariales como UIP, Feprinco, ARP, UGP, Capasu, CNCSP, entre otros.
Recordaron que por la pandemia, el Estado se vio obligado “a inscribir a personas en situación de informalidad y presupuestar cuantiosos recursos genuinos y externos para el pago de subsidios a las mismas. Clarísima evidencia de la falta de resultados en las tareas de formalización que se vienen encarando desde hace años”.
Así, vaticinan que: “cualquier acción que no contemple un combate firme al contrabando por parte de todos los organismos involucrados, resultará, a corto plazo, en un terminante fracaso.
En este sentido, solicitan que el gobierno cumpla con una serie de pedidos:
-Destituir a los funcionarios involucrados en actividades de contrabando o defraudación, y en forma inmediata ponerlos a disposición de la autoridad fiscal y judicial correspondiente. -Perseguir decididamente el contrabando y a los contrabandistas desde el Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Aduanas, los Municipios, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
-Restablecer con urgencia los controles desde la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a los establecimientos comerciales, para garantizar la correcta expedición de los comprobantes legales.
-Intensificar controles para la identificación de actividades financieras ligadas al contrabando.
-Endurecer los controles en los pasos fronterizos.
-En todos los casos proceder al comiso y remate de vehículos que transporten contrabando y la destrucción de las mercaderías.
-Aplicar las sanciones más severas previstas en la normativa vigente a todos aquellos involucrados en cuestiones relativas al contrabando. Para salir de esta crisis nos falta aún un largo camino; o vamos juntos por el sendero de la legalidad y la formalidad, o las consecuencias económicas serán aún más desfavorables para financiar la recuperación de la economía.