Imputados piden voto a la ciudadanía

Siete concejales asuncenos habrían ayudado a blanquear a la empresa Empo Ltda. que debía millones de guaraníes al Estado, traicionando la confianza de la ciudadanía. Descaradamente vuelven a candidatarse y a pedir votos a los capitalinos, pese a que sostuvieron a la firma durante años y hoy están imputados por la causa.

Félix Ayala (PLRA), imputado, concejal que defendió la decisión tomada que derivó en el blanqueo a Empo.Archivo, ABC Color
René Calonga (ANR), concejal imputado, nunca participa de debates en las sesiones de la junta ni ha presentado proyectos.Archivo, ABC Color
Mariano Cáceres (ANR), edil imputado. Su único proyecto (fallido) fue prohibir el acompañante en las motos.Archivo, ABC Color
Javier Pintos (ANR), imputado, participa activamente de las sesiones y ha presentado varios proyectos.Archivo, ABC Color
Fabiana Benegas (ANR), imputada, no recordaba ni siquiera el nombre de sus proyectos cuando convocó a conferencia de prensa.Archivo, ABC Color
Humberto Blasco (PLRA), imputado, presidente de la Junta, quien derrochó el dinero público durante su administración.Archivo, ABC Color
Augusto Wagner (PLRA), imputado, concejal conocido por la gran cantidad de funcionarios que le responden.Archivo, ABC Color
audima

Javier Pintos, Fabiana Benegas, René Calonga, Mariano Cáceres de la ANR, y Humberto Blasco, Augusto Wagner y Félix Ayala del PLRA son los siete ediles que han traicionado la confianza de los asuncenos, pero que desvergonzadamente le vuelven a pedir su voto para quedarse un periodo más.

La empresa Empo Ltda., concesionaria del vertedero Cateura, pretendió transferir su contrato a la firma fantasma Empo SA y así “limpiarse”, puesto que era deudora del Estado. Para ello tuvo el apoyo de los concejales. La resolución 5500/18 de la Junta aprobó la transferencia.

Sin embargo, ABC Color descubrió que la firma presentó un certificado de cumplimiento tributario falso con fecha de 20 de abril del 2018 para seguir cobrando a la Municipalidad de Asunción, ya que estar al día era un requisito.

Debido a esto, la Comuna abrió un sumario y encontró que unos US$ 9 millones cobró Empo durante dos años presentando certificados falsos.

Posteriormente, los ediles revocaron la resolución que beneficiaba a la empresa. Sin embargo, el 10 de octubre del 2018, la firma presentó una nota a la Junta afirmando que ya había fraccionado su deuda y por ello solicitaba que revean su parecer. Los concejales votaron a favor de la empresa, pese a las innumerables irregularidades cometidas durante su administración en Cateura. No obstante, el entonces intendente Mario Ferreiro vetó la resolución.

La fiscala Stella Mary Cano imputó a los siete concejales, además a Mario Ferreiro y al actual intendente Óscar Rodríguez por supuesta producción de documentos no auténticos.

lia.barrios@abc.com.py

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