La semana pasada mediante un pacto “azulgrana” cartistas, abdistas y liberales de varios sectores internos designaron al diputado Rodrigo Blanco (PLRA, efrainista), en reemplazo del diputado Eusebio Alvarenga (PLRA, efrainista) como miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Los diputados violentaron los artículos 190, 191 y 253 de la Constitución Nacional al destituir por mayoría a Alvarenga antes de que concluya su mandato (30 de junio de 2023).
Los liberales que avalaron el atropello señalaron que simplemente se hizo un intercambio del miembro titular (Alvarenga) por el suplente (Blanco). Ese mismo día tomó juramento como suplente número 1, el diputado Juan Acosta (ANR, Añetete).
Los liberales en principio plantearon aplazar la designación de los suplentes, pero luego acordaron y mocionaron los nombres de Celeste Amarilla y Juan Manuel Ayala. El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio “Bachi” Núñez, se opuso a que se realice la elección de los liberales.
Ayer, durante la prosecución de la designación de los suplentes, Hernán Rivas (ANR, HC), miembro titular del JEM, mocionó como suplente número dos a la diputada Narváez mientras que el diputado Blanco nominó también como suplente número dos a la diputada Amarilla. El diputado Édgar Ortiz (PLRA, llanista) salió a contramano y propuso al diputado Juan Manuel Ayala Acevedo (efrainista).
Ortiz pidió que la votación de Narváez sea independiente a la votación de Amarilla y Ayala. Finalmente, Jazmín fue designada como suplente número dos, lugar que acostumbra ocupar un liberal.
Mientras que la pelea por el tercer lugar de suplencia del JEM fue entre Amarilla y Ayala. El resultado final arrojó 33 votos a favor de Ayala, 17 para Amarilla, 4 abstenciones y 26 ausentes.
Ayala, quien fue mocionado por el llanocartista Ortiz, logró más votos de colorados que de liberales. Cartistas y abdistas lo votaron. Mientras que los liberales se dividieron para elegir a Ayala o Amarilla.
Entre los ausentes, estuvieron sectores como el PPQ, PEN, el diputado Romero Roa (ANR, Añetete), quienes consideran que el proceso desde un inicio fue inconstitucional.