El Ministerio Público informó este jueves que los fiscales Alberto Torres y Omar Legal serán los encargados de investigar el derrumbe del puente en Tacuatí, San Pedro. En contacto con ABC, Torres informó que ya realizó los primeros pedidos de informes y añadió que se investigará un presunto homicidio culposo contra personas innominadas.
La Fiscalía añadió que también se investigará la exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, todas previstas por el Código Penal con distintas penas. El derrumbe derivó en la muerte de tres personas y dejó heridas a otras tres ayer cerca de las 23:30.
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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas todavía desconoce qué empresa fue la encargada de la construcción del puente e incluso de hace cuántos años data la obra. Mientras que el MOPC indica que es del año 2000 y en los últimos años solo se han hecho recapados.
Sin embargo, Rodolfo Segovia, director de Caminos Vecinales de la institución, confirmó que la institución ya había iniciado una auditoría porque estaba en conocimiento de que el puente “estaba sufriendo algunos deterioros”. A pesar de ello, no clausuraron el paso debido a que debía culminar el proceso, alegó.
“Nosotros tuvimos ya intervención o conocimiento de esta situación de que el puente estaba sufriendo algunos deterioros en la parte estructural. Hicimos ya nosotros un informe técnico, personal nuestro estaba en la zona hace 15 días, verificando justamente la fundación de ese puente”, expresó durante una conferencia de prensa esta mañana.
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No hay señales de celeridad en proceso para determinar a responsables
Pese a que fueron tres personas las que perdieron la vida tras el desplome del puente en Tacuatí, San Pedro, el fiscal Alberto Torres, uno de los asignados a la causa, no mostró mucha celeridad en el avance del proceso. Recién mañana se oficiará a las instituciones involucradas y el MOPC no está emplazado para entregar los informes que los investigadores solicitaron para dar con los responsables de la obra.
Dos personas fueron encontradas muertas ayer miércoles y una, cuyo cuerpo estaba atrapado entre los escombros, fue encontrada recién hoy jueves, tras la caída del puente en Tacuatí, San Pedro del Ycuamandyju.
Pese a la gravedad del hecho, y a que el Ministerio Público ya abrió una carpeta fiscal bajo la figura penal de homicidio culposo contra personas innominadas, uno de los investigadores asignados a la causa, Alberto Torres, no mostró mucha celeridad para avanzar con el proceso y determinar a los responsables de la obra.
Aún no planean llamar a declarar a Arnoldo Wiens
Señaló que el proceso está en una etapa inicial de la investigación, y que recién mañana se empezará a oficiar a todas las instituciones involucradas en el hecho.
Relató que la noticia crimine les llegó en base al informe policial, por lo que se constituyeron junto con la Policía Nacional y los Bomberos Voluntarios. Explicó que aún no se tienen testimonios, pero que es cuestión de tiempo para que avancen en esas diligencias.
Al consultársele cómo continuará la investigación a partir del punto de partida y si se llamará a declarar a funcionarios del MOPC o de la constructora responsable, reiteró que recabaría informes a efectos de deslindar responsabilidades.
Al preguntarle si convocará al ministro Arnoldo Wiens a declarar, dijo que primero se centrará en los informes, pues hay que tener en cuenta que el MOPC trabaja con constructoras.
Sospecha de debilidades estructurales
Se le consultó también si es cierto que recientemente se había hecho un chequeo del puente y que se habían encontrado debilidades estructurales, pero pese a ello no se clausuró el tránsito, el fiscal respondió que no se descartaría analizar el dolo eventual ni ningún otro delito.
Además, habló de que oportunamente se realizará una pericia para determinar los responsables de la construcción, y si efectivamente hubo un acto de negligencia al no clausurar el puente.
Aunque se le preguntó, no habló de un plazo para que el MOPC entregue los informes solicitados.
Se excusó en que existen otras causas penales y que están trabajando de acuerdo a su disponibilidad.