Mediante una carta abierta dirigida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, las organizaciones ambientalistas nucleadas en la “Coalición por los bosques” manifiestan su preocupación por la “falta de acciones efectivas” para, por un lado, preservar el Área de Reserva para Parque Nacional San Rafael (RPNSR) conocida como Tekoha Guasu de los mbya guaraní, y por la “falta de compromiso del Estado” paraguayo en consolidar el área como un espacio formal de conservación, donde se consoliden los derechos y protección del medio ambiente con los derechos indígenas.
El manifiesto lleva la firma del máster en temas ambientales, José Luis Cartes, director ejecutivo de la organización ambientalista Guyra Paraguay, y la Dra. Alicia Raquel Eisenkölbl, directora ejecutiva de la organización Pro Cordillera San Rafael (Procosara).
Recuerda la Coalición que este es un compromiso asumido por el Estado en la Cumbre de Río de 1992, y otras leyes internacionales ratificadas por el Paraguay. “Consideramos esta situación como muy grave y visualiza en extremo la falta de gestión para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por ende el estatus de país con producción sostenible, respetando compromisos asumidos en reiteradas oportunidades”, señala.
Cita a modo de ejemplo los proyectos otorgados por el Fondo Mundial del Ambiente GEF: Proyecto PARN Alto Paraná e Itapúa Norte – Banco Mundial; Proyecto Paraguay Silvestre PAR/98/G33 – PNUD; Proyecto Paraguay Biodiversidad – GEF/Itaipú Binacional, y el actualmente en ejecución proyecto del GCF: Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ en Paraguay para el período 2015-2017 – PNUMA.
Recuerda también la Coalición que se debe considerar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Una de las 200 ecorregiones importantes del mundo
La Reserva para Parque Nacional San Rafael, es territorio ancestral Mbya Guaraní también conocido como Tekoha Guasu, posee un área estimada de 73.000 hoy forma parte de los dos únicos remanentes más importantes del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), junto a la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, por ello la importancia de su conservación, señala el documento.
Este espacio es de suma importancia para el Pueblo Mbya Guaraní, su Tekoha Guasu, donde viven de manera milenaria, y han legalizado parte de su territorio existiendo aún reclamos territoriales que faltan consolidar con la aplicación efectiva de la Ley 234/93, que ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes”, además de la Ley 1863/02 Estatuto Agrario.
El Bosque Atlántico es una de las 200 ecorregiones biológicamente más importantes del mundo, y una ecorregión amenazada. Históricamente, en Paraguay, cubría cerca de nueve millones de hectáreas, pero hoy día quedan menos de 1,8 millones según un informe del INFONA del año 2018 citado en el documento.
La diversidad biológica que albergan estos bosques es, sin dudas, la mayor del país. Gran parte de la Región Oriental está cubierta por la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná o BAAPA. De un poco más de 700 especies de aves que tenemos en Paraguay, el BAAPA aporta hábitat para más del 80 por ciento, de las cuales unas 221 especies dependen de los bosques y 80 especies son endémicas de esta ecorregión, es decir, sólo pueden vivir en estos bosques.
Muchas de estas aves se encuentran en peligro de extinción a nivel nacional, o incluso a nivel mundial. El BAAPA también aporta hábitat para 119 especies de mamíferos, 78 reptiles y 58 anfibios. En el grupo de peces, muchos ríos de la cuenca del río Paraná contienen numerosas especies únicas y endémicas. De todo esto, se destaca el bosque de San Rafael, considerada como la primera Área Importancia para la conservación de las Aves (AICAS) y además un área Clave para la Diversidad Biológica, por tener la mayor cantidad de endemismos y especies amenazadas de aves.
Este es además el hogar de habitantes milenarios cuyas tradiciones y sustentos de vida dependen principalmente de los recursos que les han provisto estos bosques en su larga existencia. Los pueblos indígenas siguen sufriendo presión sobre sus territorios, sobreviviendo de alguna manera, sin ser considerados para políticas públicas que puedan redundar en un desarrollo sustentable, en la conservación y el desarrollo de su cosmovisión.
Alberga a las comunidades indígenas Mbya Guaraní, habitantes autóctonos de Paraguay, que el Instituto Nacional del Indígena (INDI) ya reconoció oficialmente (Res. 178/08; Res. 023/13) el daño sufrido por el pueblo Mbya Guaraní de los departamentos de Itapúa, Caazapá y Misiones por la construcción de la Hidroeléctrica Yacyretá y la pertinencia de la solicitud de reparación e indemnización que plantea al estado paraguayo, añade.
El documento hace mención también a los grandes incendios ocurridos en el 2020 en el área de San Rafael, “todos ellos causados intencionalmente”, que devastaron más de 30.000 hectáreas de las 73.000 que tiene el área de Reserva.
“Esta situación propició a su vez varias alteraciones del ecosistema, como cambio de uso de suelo para producción agrícola y cultivos ilícitos, extracción de rollos no quemados pero existentes en esta área”, por lo que su restauración ecológica “es urgente y mandatoria”, afirma.
Por cada hectárea de bosque original que se deforesta, los estudios han estimado que el valor del daño imputable alcanza la asombrosa cifra de 14.472,50 dólares. Esta cifra incluye el valor de su restauración a un plazo de 20 años, considerando el costo de restauración y la pérdida de los servicios ambientales, estimando solo el 50 por ciento de funcionalidad del ecosistema.
Restaurar estos bosques y su funcionalidad es una tarea ardua, costosa y de largo plazo, y que incluso depende de que sigan existiendo remanentes, con su gran variedad de flora y fauna, para que sean las fuentes para la restauración. En los últimos dos años y en especial en los últimos meses, las actividades ilícitas han recrudecido significativamente, en toda el área de la reserva, favorecidos por la reducida acción de las autoridades y por la impunidad con en la que accionan los perpetradores. Así también, los traficantes de recursos cada día actúan con mayor agresividad, amenazando, atentando contra nuestra gente y poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas que trabajan en el área, de sus familias y de todos los que nos animamos a denunciar los crímenes contra la naturaleza, concluye la misiva.