La denuncia presentada por Burgstaller y que fue admitida por el Ministerio Público, si bien es contra personas innominadas, claramente tiene al presidente Mario Abdo Benitez como principal responsable, indicó la denunciante, que espera que la Fiscalía haga todas las diligencias requeridas, tanto recabando documentos como citando a indagatorias. No obstante, también llamó a la ciudadanía a sumarse, a fin de aumentar los ojos encima de este proceso.
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“Cuanto más denunciantes seamos es mejor, porque los denunciantes también tenemos derechos y las personas directamente resultantes víctimas de estas 10.000 muertes pueden entrar en carácter de querellante, y ser oído y vista de lo que está haciendo la Fiscalía para que esto no termine en el oparei”, destacó la abogada.
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Insistió en que cuanto mayor sea la reacción ciudadana, mejor debería de ser la labor de la Fiscalía, diciendo a priori que confía en el trabajo de la Fiscala Liliana Alcaraz. “Me gustaría que la gente que sienta que esto está bien, me llame, me escriba por cualquier medio -a través de las redes sociales- y vamos a ampliar de manera que sea una denuncia colectiva”, apeló.
Si bien consideró que incluso eventualmente un proceso de fachada podría terminar blanqueando a los responsables, es un paso necesario a realizarse, ya que no tiene pensado desistir y si fuese necesario, recurrir incluso a estrados internacionales lo hará. “Yo me reservé el derecho de ampliar la denuncia y ampliar, o recurrir incluso a estrados internacionales”, dijo y explicó que hacer la denuncia contra personas innominada permite dar libertad a la Fiscalía a actuar contra todos los que consideren responsables.
“Acá hay dos temas, la muerte de más de 10.000 personas por la negligencia criminal primeramente de Mario Abdo Benitez (...) y después está el tema de la lesión de confianza, y ahí entran varias personas”, sostuvo recordando que no solo se debe indagar la muerte de los compatriotas, sino el uso del dinero público.
También explicó que si bien el presidente Abdo Benitez tiene inmunidad, no está exento a un proceso penal, que eventualmente podría desencadenar en un juicio político.