El Ministerio de Hacienda evalúa si se mantiene el 18% de la renta empresarial a los empresarios del transporte público, como parte de la revisión de la tarifa técnica que lleva adelante el Gobierno para ajustar los costos que definen el precio del pasaje y del subsidio que se otorga al sector. Con relación al porcentaje, el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, había indicado que es un alto porcentaje en comparación con empresas de otros tipos e industrias, y mencionó que en la planilla similar aplicada en Montevideo (Uruguay), la renta establecida es del 5%.
Al respecto, la vicepresidenta de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Sonia Cáceres, mencionó que si el propio economista y extitular de Hacienda consideró que un es porcentaje considerable ese 18%, consideró que es una “monstruosidad” de dinero, y que no se traduce en una optimización de servicios aún cuando históricamente estuvieron recibiendo recursos públicos, incluso por servicios no prestados.
El anuncio de una modificación relevante en el cálculo fue que para definir los ingresos necesarios para cubrir los costos del servicio, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, había indicado que sólo se tendrán en cuenta a los buses operativos, ya no por la flota total declarada, muchos de los cuales están en pésimas condiciones e incluso sin ruedas. En ese entonces, el viceministro de Economía, Ivan Hass, apuntó que este sistema “premia” a aquellos que empresarios ni circulan los buses, al no tener gastos para cumplir con los redondos pero de igual manera cobraban subsidios.
Días después, Sánchez se retractó, y señaló que se analiza incluir los “buses de reserva”, que son aquellos colectivos no circulan, Aún se aguarda la confirmación del Gobierno sobre este punto. De igual manera, queda en evidencia que empresarios del transporte cobraron dinero público por servicios que no fueron prestados. Esta situación fue detectada por Contraloría el año pasado y recomendó realizar las gestiones para recuperar el dinero.
“En menos de un año le dieron US$ 20 millones. Si solamente la mitad de eso le hubiesen dado a la mipymes, mediante un proceso de registro, evaluación y análisis en el Ministerio de Hacienda, las autoridades hubieran podido ayudar y salvar a muchísimas compañías que hoy no existen”, manifestó Cáceres.
Además, cuestionó las características del servicio. “Estamos hablando a subsidiar a un sistema de transporte chatarrero, y denigrante. No sólo obtienen ingresos por venta de pasajes y subsidios, también negocian con todas sus unidades con las ventas de publicidades en las culatas, costados y por dónde sea, qué acaso eso se declara esas ventas y dónde figura la ejecución de los US$ 20 millones que se les dio en menos de un año en plena pandemia”, recalcó. Agregó que esos recursos lo utilizan políticos como “caja chica”.
Por otra parte, cuestionó que los empresarios no cumplen con la frecuencia obligada, generando aglomeración en las paradas y en las unidades. “El transporte público es uno de los principales foco de contagio por el hacinamiento que tiene y está comprobado, porque hay gente contagiada en colectivos”, aseveró.
Recalcó que para las mipymes, que representan el 90% del tejido empresarial del país, y todo el sector privado que tiene la obligación de cumplir con sus tributos es una “bofetada” que ese sea el destino del dinero producto de sus impuestos. “Nosotros que ni siquiera ganamos ni el 5% ni 10% en esta pandemia, miles de empresas han cerrado o quebrado también podríamos presentar a Hacienda y que nos incluya nuestra renta como un costo en la parte estructural de nuestro negocios”, afirmó.
La representante de la Asociación de Industriales Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), Guillermina Coronel, indicó que las mipymes no logran siquiera acceder a créditos para poder mantener miles de puestos de trabajo. “Los transportistas tienen el privilegio de tener todo pagado, cualquiera puede ser empresario así, por qué ellos nomás y nosotros no”, criticó. Coronel apuntó a que la “mafia de los transportistas” está institucionalizado desde hace años.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), Bruno Defelippe, calificó de vergüenza el hecho de que el Estado ampare un servicio sin que esto se traduzca de calidad. “Es una vergüenza que a pesar de contar con una ganancia asegurada la mayoría de los transportistas sigan ofreciendo un servicio de pésima calidad, incluso poniendo en riesgo a la ciudadanía en estos tiempos de pandemia”, expresó.
Destacó que lo más indignante son las reguladas y la impunidad que gozan los empresarios del rubro. “Esperamos que algún día dejen de operar con total impunidad a expensas de todo el país. Deberían ocuparse de generar valor real para la ciudadanía en lugar de intentar seguir exprimiendo cada guaraní”, dijo. Añadió que existen empresas modelo que demuestran que es posible brindar un servicio de calidad y ser rentables.