Maniobran para dejar impune robo de G. 55.000 millones a gobernación

La audiencia preliminar para el exgobernador de Presidente Hayes y exdiputado colorado Óscar Núñez aún no se pudo realizar, pese a que la acusación se presentó en marzo de 2015. El perjuicio fue de G. 55.000 millones.

María Esther Roa, de Somos Anticorrupción Paraguay, SAP, anoche en Expediente Abierto.Archivo, ABC Color
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En el programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV de 19:00 a 20:00, se analizó el proceso abierto al exgobernador Núñez y otros. Los mismos están acusados por lesión de confianza, producción y uso de documentos falsificados.

Se reveló que en el año 2012, la Contraloría ordenó auditar la gestión del 2011 del entonces gobernador. El órgano contralor, en el 2013, presentó denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de hechos punibles por más de G. 800 millones.

La fiscalía abrió una investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Martín Cabrera, que en el 2014 imputó a Núñez y Emigdio Benítez, quien completó el periodo del primero, entre varios otros implicados.

En marzo de 2015, el entonces fiscal adjunto Federico Espinoza, acusó al exgobernador y otras 12 personas, entre ellas también el actual gobernador Rubén Rousillón. Sin embargo, 6 años después de la acusación aún no se puede hacer la audiencia preliminar en la cual se tiene que resolver si los acusados enfrentan o no juicio oral y público.

Clan maneja la justicia

Alipio Román y María Asunción Peralta, activistas sociales de Villa Hayes, dijeron que el clan Núñez maneja a los jueces del departamento y además cuentan con el encubrimiento de la Corte, cuyos integrantes no hicieron nada contra los magistrados complacientes con los Núñez. Oscar, es hermano del diputado cartista Basilio Núñez Román y Peralta, señalaron que sería una vergüenza que con estos antecedentes Óscar Núñez sea electo intendente del distrito de Benjamín Aceval.

María Esther, de Somos Anticorrupción Paraguay, quien participó del programa de anoche, lamentó que la Corte no haya tomado medidas, con relación a los que intervinieron en el proceso (jueces, fiscales, abogados y encausados), que deberían ser sancionados si tienen responsabilidad en esta “grosera dilación” del caso.

La primera acusación contra Núñez fue por el perjuicio de G. 32.182 millones; y durante el periodo de Benítez G. 11.807 millones. A esto se debe sumar G. 11.058 millones, monto que fue acusado por el actual fiscal de la causa, Luis Said, que se excusó de asistir anoche.

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