En fecha 31 de mayo, el viceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, envió una nota de intimación al comandante interino de la Policía Nacional, Luis Arias, para que garantice los derechos previstos en los artículos 12 y 175 de la Constitución Nacional y el artículo 239 del Código Procesal Penal.
Un día después, la Policía, que es responsable del orden público y la seguridad de la ciudadanía, ninguneó su deber de responsabilidad y lanzó la pelota a los medios de comunicación por “mediatizar” la ola de inseguridad, escudándose en sus números de años anteriores.
El subcomandante de la Policía Nacional, Víctor Balbuena, dijo a ABC Cardinal el 1 de junio que los casos “muy violentos” fueron mediatizados y eso genera en la mente de la ciudadanía una sensación de inseguridad y negó que haya dejadez por parte de la Policía.
En la nota, el viceministro recomendó al comandante interino que implemente inmediatamente el “Plan estratégico de la Policía Nacional 2019-2023″, instrumento de la política institucional por el cual debe diseñar primariamente y técnicamente la prevención de delitos. Además, se le recomendó al comandante interino que ponga en práctica un “policiamiento de parcheo, patrulla masiva de carácter agresivo, reduciendo la oportunidad de los delincuentes del éxito de sus actividades delictivas”.
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Atendiendo a estas recomendaciones que fueron enviadas a la Comandancia de la Policía Nacional un día antes de la entrevista a Víctor Balbuena en ABC, se puede entender que la Policía no contaría con los uniformados necesarios por la cantidad de agentes que se encuentran aislados por COVID-19 y otros abocados a tareas sanitarias, o que ningunearon la intimación escudándose en números y echando culpas a la mediatización.
El viceministro de Seguridad finalizó la nota refiriéndose a que estas sugerencias obedecen a la necesidad de mejorar los niveles de sensación de seguridad.
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