El contralor Camilo Benítez se reunió la semana pasada con representantes de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Secretaría Nacional Anticorrupción, para analizar el caso de nueve jefes departamentales que no rindieron cuentas sobre el uso de un millón de dólares que recibieron el año pasado durante la pandemia, según la Ley N° 6641 De apoyo financiero, por parte del Ejecutivo. Decidieron llevar a cabo una auditoria in situ sobre las obras realizadas.
Entre los mismos, aparece el gobernador de Central, Hugo Javier González, que fue notificado el 20 de mayo pasado sobre la disposición de la “Fiscalización Especial Inmediata” (FEI) a la Gobernación a su cargo conforme a la falta de rendición de cuentas de la Ley Nº 6641/20 “De apoyo financiero a los Gobiernos Departamentales para la reactivación económica y la ejecución de obras de la infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del covid-19”.
El hecho tomó estado público y los concejales liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos iniciaron las averiguaciones de forma inmediata ante la apurada rendición de cuentas que hizo el gobernador a la Contralaría, esta semana, y descubrieron que presumiblemente se habrían clonado varias facturas.
Del paquete de documentos publicados en la página web de la Contraloría, se enfocaron en tres facturas emitidas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo (CIAP), una ONG “mimada” de la Gobernación, que desde el 2019 recibió millonarias transferencias, cuyas cuentas tampoco fueron rendidas por Hugo Javier.
En esta ocasión, el Consejo Regional de Salud recibió la suma de G. 1.276.400.000 y la fundación CIAP recibió G. 5.105.600.000, del cupo de un millón de dólares.
De acuerdo a las manifestaciones de los concejales denunciantes, las facturas presentadas de las rendiciones de cuentas en su mayoría pertenecen a comercios y empresas ubicadas fuera del territorio del Departamento Central, no dando cumplimiento al Art. 5to de la Ley 6641/2020, que indica que los proveedores deben ser de la región. Además varios de los rubros de las firmas a las que se dedican, no guardan relación con el detalle de las compras realizadas, denuncian.
Por ejemplo, una de las facturas supuestamente clonadas, hecha a mano, pertenece a la firma Distribuidora Santo Domingo, ubicada en la localidad de Piribebuy, departamento de Cordillera, de donde la fundación CIAP supuestamente adquirió artículos eléctricos por un valor de G. 208 millones según factura 0005477 y materiales de construcción por un valor de 69.621.813 según factura número 0005479. Sin embargo, la empresa se dedica a la venta al por mayor de artículos de ferretería y calefacción, según averiguaciones de los concejales y no a la venta de materiales de construcción.
Otra empresa afectada es AR Electricidad, ubicada en Asunción, que se dedica a la venta de materiales eléctricos, sin embargo, en la factura presentada por el gobernador Hugo Javier, se detalla que CIAP adquirió materiales de construcción para empedrado por el monto de Gs. 14.600.000.
Intentamos hablar con el gobernador pero no atendió nuestra llamada a su celular, como en otras ocasiones. Estamos abiertos a recibir su versión.
Producción de documentos falsos
Nos comunicamos con el asesor legal de la firma AR Electricidad, el abogado Javier Ojeda, quien aseguró que la fundación CIAP no es cliente de la empresa, que lleva 30 años en el mercado. Los propietarios de la empresa denunciación en la comisaría 15a Central la producción de documentos no auténticos. También comunicaron el caso a la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET).
Ojeda indicó que la factura número 0062910 a nombre de CIAP, por valor de G. 14.600.000, completada a mano y emitida en fecha 22 de febrero de 2021, no es auténtica. Manifestó que ese número de factura cuyos detalles están impresos corresponde al cliente Ferretería FP de Pablo Ruíz Díaz y fue emitida el 7 de enero de este año, por el monto de G. 783.359.
También intentamos comunicarnos con los representantes de la Distribuidora Santo Domingo, licenciada Lourdes González, y tenía el celular apagado. Pero los concejales denunciantes manifestaron que sí pudieron conversar con la misma en horas de la tarde, quien les aseguró que las facturas a nombre CIAP por el valor de G. 208 millones y G. 69.621.813, no fueron emitidas por la firma.
Sin resultados
La Dirección de Rendición de Cuentas de la Contraloría, a cargo del director Mario Florenciáñez, llevó a cabo en diciembre pasado un examen de cumplimiento a la gestión de Hugo Javier González, por la falta de rendición de cuentas de transferencias hechas e entidades sin fines de lucro, a instituciones departamentales educativas y al Consejo Regional de Salud. No fueron justificados G. 18.300 millones.
Florenciáñez prometió que en abril pasado ya se tendría el resultado de dicho examen, sin embargo, hasta la fecha no hay novedades. Intentamos hablar con el director, pero no atendió la llamada a su celular. Luego dijo a través de un mensaje de texto que se comunicaría, pero no lo hizo.
En una ocasión, el gobernador de Central indicó que publicaría en el portal de la Gobernación todos los documentos que avalan la rendición de las transferencias realizadas, pero solo fue una falsa promesa.
Antecedentes
El informe preliminar del examen de cumplimiento dice que el gobernador Hugo Javier transfirió más de G. 2.278 millones a los Consejos Regionales de Salud de Central de los rubros 831; 842; y 874, violando la Ley Nº 6258/19 que “aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio 2019”, pues dichas transferencias debieron ser imputadas a los Objetos de Gastos 834 y 894, tal como lo establece la normativa. Se presume que González incurrió en una malversación de fondos.
También recibieron millonarias sumas por parte de la Gobernación la Fundación Centro Integral de Apoyo y Promoción Profesional (CIAP), más de G. 6.539 millones, la ONG Plantemos Consciencia, más de G. 2.119 millones, los Centros Educativos Departamentales Municipales recibieron más de G. 6.471 millones, los Consejos Regionales de Salud del Departamento Central más G. 2.278 millones, la Comisión Nacional de Organizaciones Populares G. 657 millones y la Asociación “Ecodesarrollo” G. 280 millones. Se desconoce las obras realizadas.
La CGR también observó la emisión de varios cheques en un mismo día a favor de la ONG CIAP, representada por Tadeo Álvarez Cristaldo. Se detalla que el 25 de octubre de 2019 recibió cuatro cheques por un valor total de G. 2.425 millones, el 31 de octubre dos cheques por G. 1.137 millones, el 15 de noviembre dos cheques por G. 1.485 millones, el 29 de noviembre cinco cheques por G. 1.050 millones, el 9 de diciembre tres cheques por G. 402 millones y el 26 de diciembre un cheque por G. 38 millones.
Según los examinadores, este hecho viola normativas relacionadas al Presupuesto General de la Nación (PNG), que señalan que no pueden hacerse varias transferencias en un mismo día a favor de entidades sin fines de lucro, ya que las ONG deben rendir cuentas por la primera transferencia que recibió.