En la jornada de ayer, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, encabezó las reuniones con los representantes de gremios de empresarios del rubro para definir detalles de la tarifa técnica del transporte público en el Área Metropolitana. Evitó dar declaraciones al respecto y mediante la Dirección de Comunicación, informó que hoy continuaría el encuentro y posterior “a un análisis completo”, se socializaría a la ciudadanía, a través de la prensa.
El Viceministerio de Transporte (VMT) lidera el Consejo Asesor de la Tarifa Técnica, instancia creada por decreto Nº 4.998 del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En este conglomerado, como representantes del Estado están también los ministerios de Hacienda, Industria y Comercio y las secretarías Técnica de Planificación y la de Defensa al Consumidor.
El ministro de Sedeco, Marcelo Estigarribia, participó de los encuentros y dijo que se conversó sobre los precios del servicio en buses diferenciales y convencionales. Aunque aclaró que solo participa en cumplimiento de la indicación presidencial y ante la ausencia de una asociación de usuarios del transporte público.
ABC consultó también ayer al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, sobre el sector transportista, sumamente cuestionado por el servicio ineficiente brindado a la ciudadanía. Prometió proporcionar los datos, a través del VMT, aunque se le recordó que nuestro diario pidió vía Acceso a la Información Pública, expediente Nº 40.788, cuáles son las empresas infractoras que cobran subsidios, entre otros aspectos, pero que no se ha recibido respuesta alguna.
Sobre la transferencia de recursos públicos a los empresarios por buses que no circularon ni trasladaron a ni un solo pasajero, Wiens se excusó de responder y dejó también a cargo del VMT dar la información. Solo en los tres primeros meses del año, el Gobierno destinó más de G. 18.000 millones en subsidios por 1.943 colectivos, de los cuales solamente poco más de la mitad en realidad circuló, que son 1.239 buses, y los demás estuvieron fuera de circulación.
Eso debido a que la fórmula vigente desde el 2012, año en que se creó este beneficio, consideraba la flota de buses y la cantidad estimada de pasajeros, pero se constató ahora con el cobro electrónico que se pagaba por buses y pasajeros “fantasmas”, según el reporte brindado el sábado último.
No obstante, en su informe final de auditoría al Tesoro, en 2020, la Contraloría ya había advertido sobre la falta de control de lo declarado en papeles y en los parques automotores, y la posibilidad de pago por buses en pésimo estado.