En la última conferencia de prensa dada por el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, había prometido que el 28 de mayo se daría la presentación oficial de la actualización de la estructura de costos que define el precio del pasaje y el monto del subsidio que se paga a cada empresario del transporte público del Área Metropolitana de Asunción. Ayer era el día pero el informe se pospuso para hoy.
La tarifa técnica es el resultado del precio del pasaje más el subsidio (considerando que son los ingresos de los transportistas para cubrir sus costos operativos, que incluyen mano de obra, mantenimiento de buses y frecuencia de circulación de los mismos) y, además, un margen de ganancia.
La actualización de la tarifa se dio ante la vigencia del Billetaje Electrónico y el Centro de Monitoreo que permite brindar cifras precisas vinculadas a la cantidad de usuarios y kilómetros recorridos de los buses, que son variables para definir el monto del subsidio. Anteriormente, esa definición se hacía en base a datos estimativos, y ahora con la tecnología se supo que desde el 2012, el Estado estuvo destinando recursos públicos por “pasajeros fantasmas”.
Pero además, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, indicó que existen sospechas de un pago adelantado que no estaba previsto en el contrato original por la creación e instalación del software del Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico. Por eso abrió una investigación de oficio al contrato de US$ 3,9 millones entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos, contratista de la obra, según datos de la licitación (ID 368264).
Seitz indicó que se cambiaron ciertos términos del contrato vinculados a la calendarización y no queda claro cómo queda el compromiso de pago. Recordó que la ley establece que las adendas deben tener como límite siempre la imposibilidad de otorgar condiciones más ventajosas al contratista privado. “Nosotros hicimos ciertas observaciones referentes a los documentos que no fueron levantados por Obras Públicas en la página web, que es la adenda, y sumado a eso se investiga si esa maniobra es irregular”, comentó. Además, indicó que la calendarización es un cambio sustancial de la licitación. “Se establecieron nuevas fechas de pago sin ninguna explicación. Se analiza si la calendarización es un adelanto de pago, lo cual no sería adecuado, o es una determinación de pago contra entregables dentro del contrato. Es la respuesta que esperamos recibir”, explicó.