Tras un tercer intento, dos en el actual periodo parlamentario, tanto diputados como senadores buscan por ley modificar la Constitución y elevar la cantidad de votos que se requieren para dificultar que un legislador sea expulsado por uso indebido de influencias.
Casi un año después de iniciarse el periodo de sesiones ordinarias (julio del 2018), incluso con votos oficialistas, los diputados dieron media sanción a un proyecto de ley que busca el “autoblindaje” de los parlamentarios, que fue validada por senadores. Dos años después la historia se repite y el presidente Mario Abdo Benítez nuevamente debe decidir si veta la norma y actúa en consecuencia.
En marzo del 2017, cartistas, llanistas, del Frente Guasu y oviedistas habían dado media sanción al proyecto frustrado de enmienda ilegal. Ahora la intención de atropellar la Constitución se reedita con el abdismo, sector que en las dos oportunidades apoyó el autoblindaje, pese a que su propio líder, el Presidente, fue ungido por su lucha en defensa a la Constitución.
En la ley de reglamentación equiparan los votos requeridos para un juicio político con la pérdida de investidura. Es decir, que si antes se requería de una simple mayoría, con esta reglamentación en vigencia los parlamentarios necesitarán de una mayoría absoluta de dos tercios. En Diputados precisarán de 53 votos de los 80 y en la Cámara de Senadores 30 votos de los 45.
Solo en la Cámara de Diputados se tiene a ocho diputados que cuentan con procesos por supuestos hechos de corrupción pública, de los cuales siete son colorados y uno es liberal.
Se trata de Ulises Quintana (ANR, HC, acusado), Tomás Rivas (ANR, HC, acusado), Miguel Cuevas (ANR, Añetete, acusado), Éver Noguera (ANR, Añetete, imputado), Esteban Samaniego (ANR, Añetete, investigado), Avelino Dávalos (ANR, HC, investigado), Marlene Ocampos (ANR, HC, investigada) y Teófilo Espínola (PLRA, acusado). Un total de 24 diputados además de los procesados respaldan el autoblindaje.
Mientras que un grupo de 31 senadores además de autoblindarse también protegen a sus colegas con causas, entre ellos: Rodolfo Friedmann (imputado) y Ramón Retamozo (investigado).