Los integrantes de la denominada “multisectorial”, por segundo día consecutivo, se manifestaron en el microcentro de Asunción. Acamparon frente a la sede del Ministerio de Urbanismo para exigir la destitución del ministro Carlos Pereira y la ejecución de los US$ 47 millones del plan de reactivación económica para la construcción de casas, aplicando la normativa del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis).
Nelson Alvarenga, dirigente, indicó que son las mismas personas que se manifestaron por la aprobación del crédito, en octubre último, frente al Congreso. En esa ocasión, defendieron al entonces ministro de Urbanismo, Dany Durand, quien era cuestionado por la falta de transparencia en las adjudicaciones del programa.
El Fonavis permite transferencias directas a “Servicios de Asistencia Técnica (SAT)”, quienes gestionan los proyectos de construcción de casas, sin concurso ni control ciudadano. Por este motivo, el ministro Pereira encaró una reforma de la normativa y la presentó al Parlamento para que tenga fuerza de ley. Actualmente ya cuenta con media sanción, la del Senado.
Además, la fiscala Susy Riquelme investiga la supuesta falsificación de firmas en proyectos de viviendas sociales que involucra a los SAT Taka, de Juan Enrique Rolón Garay; Asociación Base para el Desarrollo Social (Badeso), de Alfonso Acuña; Asociación Tekove Servicio de Acción Social, de Nicolás Rivas, Gustavo Cabañas y Verónica Ojeda.
Acuña, uno de los afectados, indicó que fue suspendido sin posibilidad de que se demostrara su implicancia o no en el caso, ni se defienda ante la justicia.
Al respecto, Laura Vera, de la Dirección Jurídica, indicó que se aguardarán los resultados de la investigación para confirmar la veracidad de la denuncia.
Teniendo en cuenta este antecedente, Pereira ordenó la verificación de todos los expedientes, y una vez aprobado, se adjudicarán los subsidios, precisando que serán a aquellos SAT que cumplan con las normativas.
La reforma
Las innovaciones aplicadas por el MUVH a los SAT son que cuenten con un registro como proveedor del Estado, figure en el registro patronal del Instituto de Previsión Social (IPS), reporte una facturación mínima de 100 dólares en los dos últimos años, entre otros.
En cuanto al proceso, el plazo de obra sea único, los pagos sean a través de transferencias bancarias y la creación de un registro de fiscales, quienes deberán verificar el avance de construcción de viviendas de cada proyecto cada 15 días.
De esta manera buscan controlar que las obras cumplan las especificaciones técnicas contratadas y que sea dentro del plazo establecido para la construcción, y evitar que las casas sean más caras.
En cuanto al vínculo entre constructoras y SAT, Vera explicó que el grupo organizado elegirá la firma de la lista habilitada por la institución, que deberán ceñirse al modelo de contrato establecido por la estatal. Todo ese proceso deberá ser certificado por un escribano público. “Con esto se pretende identidad a las organizaciones y así evitar las malas prácticas de competencia desleal”, explicó.
Ceramistas y oleros apoyan gestión
Roque Romero, de la Asociación de oleros tobateños; Carlos Fleitas, de la Asociación de SAT (Aso SAT), y Miguel Rojas, del gremio de ceramistas, coincidieron en apoyar la reforma del Fonavis, considerando que podría fortalecer los procesos. Indicaron que trabajan en conjunto para garantizar el uso de materia prima de producción nacional en la construcción de las viviendas sociales, cuando se concreten las adjudicaciones, que ya serían inminentes en los próximos días con verificación de los proyectos por parte de la Auditoría del Poder Ejecutivo.