El proyecto de ley que cuenta con cuatro artículos dispone por ley el control y fiscalización no sólo de las cuentas de las binacionales, sino de los bienes y del patrimonio correspondiente del lado paraguayo, a cargo de la Contraloría General.
En el artículo dos se establece que la Contraloría dictará una resolución en la cual establezca los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los fines de esta legislación, los cuales deberán prever, al menos dos auditorías, una financiera y otra de obras, anuales a las entidades binacionales; debiendo elevar inmediatamente los informes y resultados a ambas Cámaras del Congreso Nacional; cuyos titulares remitirán en un plazo máximo de 40 horas de recepcionado el informe del ente contralor a las comisiones que posean función técnica y contralora para su análisis correspondiente.
En el tercer artículo se propone que la Contraloría una vez vencido el plazo para que las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá remitan la documentación requerida para la realización de la auditoría dispuesta, deberá solicitar la correspondiente intervención judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de su ley orgánica; pudiendo incluso tramitar órdenes de allanamiento de domicilios, locales, depósitos u otros recintos, con auxilio de la fuerza pública con el objetivo de acceder a todos los registros y documentos detallados en la resolución correspondiente, y cumplir con su cometido.
Los proyectistas mencionan que la normativa propuesta tiene como objetivo evitar que la discrecionalidad basada en criterios arbitrarios, ora del Poder Ejecutivo, ora de los Directores nacionales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, impidan dar andamiaje al mecanismo de control y al cumplimiento del rol constitucional asignado por nuestra Constitución Nacional a la Contraloría General de la República, en el sentido de realizar el control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de nuestras empresas binacionales, en lo que se refiere a la cuota- parte que corresponde al lado paraguayo.
Los diputados señalan los fundamentos legales y constitucionales que les amparan para que se hagan los controles. Añaden que en estos últimos días se ha instalado un falso debate promovido desde sectores políticos que pretenden hacer creer que los directores de las binacionales pueden decidir el ingreso de la Contraloría. Añaden que en la Argentina se realizan los controles.