Aghemo estuvo anoche en contacto virtual con el programa Expediente Abierto, emitido de 19:00 a 20:00 horas por ABC TV, y brindó detalles de la investigación del Ministerio Público, ya que la misma en algún momento conformó el equipo de trabajo que indagó el desvío de G. 4.900 millones de la municipalidad de Ciudad del Este, durante la administración de Sandra McLeod, esposa de Javier Zacarías Irún.
La exfiscala explicó que el 4 de julio de 2019, el exdirector de Comunicaciones de la comuna esteña Juan Sanabria se presentó ante el Ministerio Público y pidió ampliar su declaración. Estuvo acompañado de su abogado Dante Delgado y en aquella ocasión entregó su teléfono celular del cual se extrajeron datos y además se realizó un cruce de llamadas para confirmar las veces que Sanabria recibió la llamada de Zacarías Irún, acusado como instigador del hecho punible de lesión de confianza.
Aghemo aclaró que Sanabria entregó voluntariamente su teléfono y acompañado de su defensor. “Esto es lo que ocurrió. No se puede hablar de una violación de la intimidad, que es lo que protege la Constitución Nacional y no como argumentó la jueza de Ciudad del Este, Cynthia Garcete, para anular”, dijo.
En la audiencia preliminar en la cual la magistrada anuló la prueba, Sanabria declaró que fue coaccionado por los fiscales para que declare en contra de Zacarías Irún. Sin embargo, no agregó ninguna prueba que demuestre sus afirmaciones.
Empero, lo dicho por Sanabria fue tomado como una verdad absoluta por la jueza Garcete.
Aghemo insistió en que nadie le obligó a Sanabria a entregar su celular. “Repito, lo hizo en forma voluntaria y además de la firma de Sanabria está la de su abogado defensor”, manifestó.
Sanabria declaró por primera vez ante el Ministerio Público el 5 de marzo de 2019. En esa ocasión, ya manifestó que en la mayoría de los casos era Zacarías Irún el que ordenaba el pago a periodistas para que hablen bien de él o hagan campaña a su favor para senador.
La fiscalía sostiene que esta versión del procesado fue corroborada por otros medios de pruebas, como declaraciones de periodistas e informes de medios de comunicación.
Zacarías y su esposa están acusados por un perjuicio de G. 4.900 millones a la Comuna. El caso ahora está en la Sala Penal de la Corte.
La fiscalía presentó casaciones contra la resolución de la jueza Garcete y la de la Cámara (voto en mayoría) que favorecieron a ZI.
Jueza solo cumplió la ley, dice defensa
Para el abogado Ricardo Preda, defensor del senador cartista Javier Zacarías Irún y su esposa, la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod, la jueza de garantías de Ciudad del Este Cinhtia Garcete no se extralimitó en sus funciones al valorar, en la audiencia preliminar, las pruebas que el Ministerio Público presentó en contra de los acusados en el proceso por presunta lesión de confianza.
“El inciso décimo del artículo 356 del Código Procesal Penal establece claramente que una de las atribuciones de los jueces de garantías es la posibilidad de ordenar pruebas para juicio, aunque la Fiscalía o la defensa no la hayan ofrecido”, expresó anoche el profesional en charla con el programa Expediente Abierto de ABC TV.
Agregó que la propia ministra de la Corte Carolina Llanes, en su libro “Derecho Procesal Penal”, señala que un juez de garantías tiene el deber de hacer un control sustancial de la investigación durante la etapa intermedia y, entre ellos, la búsqueda de la verdad. Mencionó que uno de los ejemplos que cita la autora es que cuando un juez de garantías anula evidencias y considera que existen aún diligencias que realizar, puede dictar un sobreseimiento provisional, como hizo la jueza Garcete en el caso McLeod.
Preda resaltó que la investigación de la Fiscalía está contada desde la perspectiva de un interés en simplemente presentarle a alguien (en este caso Javier Zacarías Irún) como culpable del hecho investigado.