La Embajada de Alemania en Paraguay remitió una nota a la Cancillería nacional. El documento tiene fecha 26 de abril último y fue dirigida al ministro Euclides Acevedo.
La misma deja constancia de la preocupación existente en torno al proceso judicial que enfrenta la familia Kaufmann Reymann, inversionistas alemanes radicados en el distrito de Mayor Otaño, Itapúa.
El documento señala lo siguiente: “La familia Kaufmann Reymann, ciudadanos alemanes, llegaron al país en el año 1980 y adquirieron tierras en la localidad de Mayor Otaño, departamento de Itapúa. Existe un litigio por invasión de inmuebles y delitos ambientales por la tala ilegal de árboles”.
Agrega: “Al respecto, la Embajada de Alemania agradecería un informe actual sobre los avances investigativos de la causa. Así también, informa que ha sido presentada una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió la nota el pasado 7 de mayo: “A los efectos de prestar la asistencia requerida se tiene a bien solicitar a esa Embajada tenga a bien (sic) individualizar la causa sobre cuyo avance investigativo requirió la información, con la carátula correspondiente y de ser posible, la Unidad Fiscal interviniente o el Juzgado ante el cuál radica la causa”. El resumen fue enviado por la abogada Rossana Báez Mendoza.
Vergonzoso proceso con un muerto
La familia Kaufmann Reymann es propietaria de mil hectáreas de tierra en el distrito de Mayor Otaño, departamento de Itapúa.
Trabajan con granos y llevan más de 40 años radicados en el país.
Los Kaufmann enfrentan un litigio judicial absolutamente vergonzoso desde todo punto de vista: el título de propiedad legítimo que poseen, de un inmueble adquirido en los principios de 1980, tiene como contrapartida un documento firmado por un ciudadano brasileño que está muerto, Plinio Kleemann.
El Poder Judicial del Paraguay admite la validez de la firma de un muerto y a través de un juez posiblemente corrupto, Miguel Ángel Riquelme, se busca desalojar de sus tierras a los inversionistas alemanes.
El nivel extremo de corrupción e impunidad que afecta a la justicia paraguaya es la única explicación a un caso que resulta absolutamente delirante, como es litigar contra un difunto.
Esta situación tan descabellada obligó a la Embajada de Alemania a solicitar informes a la Cancillería.
Certificación de falsedad
Plinio Kleemann murió el 6 de diciembre de 1997 según consta en el certificado de defunción expedido por la Dirección del Registro del Estado Civil.
La escribana Graciela Villamayor de Florentín certificó el 2 de octubre de 2003 que Plinio Kleemann se presentó en su oficina para firmar un título de propiedad sobre mil hectáreas en Mayor Otaño.
El documento falso fue utilizado por la empresa Barco SA para solicitar el desalojo de los Kaufmann de su propiedad.
El juez Miguel Ángel Riquelme, de Yuty, departamento de Caazapá, firmó el mandato para entregar las tierras a Barco SA, a pesar de la falsedad manifiesta del documento.
Se presentó una denuncia ante el Jurado de Magistrados. El juez Miguel Riquelme está bajo investigación, pero no fue suspendido y lo significativamente llamativo es que sigue manejando el expediente en el que se ocupó de “revivir” a un muerto.
También resalta la complacencia del fiscal Nelson Ruiz que apenas movió un dedo en todo el proceso.
Una justicia manejada por acomodo
La jueza Mafalda Camerón Luque ordenó una medida cautelar en torno a la propiedad de la familia Kaufmann que incluye la prohibición de negociar en torno a ella.
A pesar del mandato expreso, Barco SA vendió el inmueble con un título falso al profesor Roberto Benítez Báez, de Mayor Otaño. El docente se presenta ante el juez Miguel Ángel Riquelme y logra una orden de desalojo.
El intendente de Otaño, Pedro Chávez, facilita el acceso a través de su propiedad a los invasores que finalmente fueron desalojados.
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