BID financiará proyecto para llevar agua a comunidades indígenas del Chaco

FILADELFIA. Mediante una iniciativa que surgió de “Chaco Integrado” un proyecto de la Asociación de Municipios del Chaco Central que nuclea las principales acciones para el Chaco a fin de realizar un trabajo más coordinado, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la ONG Pro-Comunidades Indígenas (PCI) llevan adelante un proyecto beneficiarán a 50 comunidades nativas de toda la Región Occidental.

El proyecto se realiza con la participación de los futuros beneficiarios para generar mayor impacto. (Gentileza PCI)
audima

El proyecto está en proceso de licitación para que antes de fin de año puedan comenzar las obras, las plantas potabilizadoras de agua, cumplen un rol sumamente importante en el Chaco, en donde la mayor parte de consumición del vital líquido se da por acopio en aljibes o desalinizando las mismas. El proceso para llegar a instalar una potabilizadora de agua tiene varios pasos, como la consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, en las cuales se les da una amplia participación, seguido del diseño de sistemas adecuados a la región y el apoyo de instituciones municipales y departamentales.

SENASA realiza a nivel nacional el Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indígenas del país, en donde el acceso al agua potable es limitado. En la zona chaqueña esta iniciativa cuenta con la colaboración de PCI para la fase de identificación de comunidades indígenas y el desarrollo de tecnologías apropiadas de agua y saneamiento.

Entre las comunidades beneficiadas, figuran Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes, totalizando 50 de ellas, aunque en principio se previó llegar a 30 comunidades esto finalmente se pudo ampliar.

Proyectos similares se llevan a cabo desde el 2018 buscando incrementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales e indígenas menores a 10.000 habitantes del país, y a largo plazo pretenden beneficiar a más de 130.000 personas.

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