Las diversas entidades públicas, entre los meses de mayo y junio, deben programar sus respectivos anteproyectos que formarán parte del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, a partir de los lineamientos establecidos en un decreto de la Presidencia de la República.
La información manejada en el Ministerio de Hacienda es que el referido decreto ya fue firmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que hasta ayer no había sido publicado aún.
Atendiendo los preparativos para el próximo ejercicio y las críticas de la ciudadanía que surgieron debido a que casi todas las instituciones pagaron bonificaciones extras o “subsidio familiar”, como le llaman en el presupuesto, le preguntamos ayer al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, si el decreto elimina este beneficio para 2022 o se mantiene tal cual se presupuestó para este año.
Llamosas respondió que las bonificaciones extras no existen, pero que las instituciones sí están habilitadas a cargar las “bonificaciones inherentes al cargo y funciones que desempeñan los funcionarios públicos”.
Lo que comúnmente se conoce como bonificaciones extras, en el presupuesto están incluidos con la denominación de “subsidio familiar”, de ahí la defensa del ministro de que este último beneficio es el que se abona como lo establece el Código Laboral. Dentro de este concepto establecido en el clasificador presupuestario, sin embargo, se agrupa diversos beneficios como ayuda escolar, gastos médicos extraordinarios, entre otros (ver material adjunto).
Se decidirá al final
El ministro agregó que la inclusión o no del citado beneficio en el proyecto de presupuesto 2022 que será remitido al Congreso se va a decidir el momento de consolidar el plan, sobre la base de la programación que remitan las instituciones, como se hace cada año.
Las diversas entidades públicas tienen plazo hasta el 30 de junio venidero para presentar sus anteproyectos al Ministerio de Hacienda y este debe remitir al Congreso el proyecto 2022 a más tardar el 1 de setiembre.
Llamosas argumentó que el decreto que establecen los lineamientos es más general, establece topes de programación y ciertas restricciones relacionadas con el crecimiento del gasto corriente y dentro de esto el componente salarial. “Es más macro, lo micro se analiza en la fase de consolidación del presupuesto, así como venimos haciendo en los últimos años”, dijo.
En ese contexto, insistió en señalar que el rubro subsidio familiar sufrió un ajuste del 41% este año, en comparación con los anteriores, aunque no habló de montos, y recordó que en ese grupo se tiene asignado un componente rígido que es el de los docentes, que cobran G. 80.000 mensual por hijo.
Un estudio realizado por MF Economía de 2008 al 2018 revela que el subsidio familiar creció 645% en ese lapso, le sigue la bonificación por servicios especiales y remuneración adicional (se paga después de cumplir el horario extraordinario).
Suba salarial
En cuanto al aumento salarial para funcionarios, en los últimos años se incluye sólo para docentes y, eventualmente, si se modifica el salario mínimo para aquellos que ganan hasta ese monto, pero en tiempos de elecciones si el Ejecutivo no prevé, no se descarta que la decisión la tome el Congreso como en ocasiones anteriores.
Lo que establece el clasificador
En el clasificador presupuestario, que forma parte de la Ley N° 6672, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2021, se establece una serie de beneficios para el personal público dentro del denominado “subsidio familiar”.
El referido clasificador es el que define los ingresos, gastos y el financiamiento establecido en la ley de presupuesto, por lo que en el caso del “subsidio familiar” no solo incluye esta asignación propiamente dicha para el funcionario que percibe hasta un sueldo mínimo o la asignación para el docente del Ministerio de Educación, sino que también otros beneficios para todo el personal.
Por ejemplo, se agrupa bajo el concepto de “subsidio familiar” los pagos únicos en concepto de subsidio o subvenciones por nacimiento, defunción, escolaridad de hijos hasta la finalización de la educación media, gastos médicos extraordinarios, ayuda alimenticia, hasta la suma de G. 2.192.839 para cada concepto, con excepción del pago de alimentos para los guardiacárceles, que será de hasta G. 1.700.000 por bimestre, así como por los gastos médicos extraordinarios.
Este beneficio en marzo último fue pagado por casi todas las instituciones públicas, tanto las de la administración central así como por las entidades descentralizadas, hecho que desató la indignación ciudadana, porque no hay ajustes en el sector público y siguen dando bonificaciones en el peor momento de la crisis, cuando en el sector privado miles de trabajadores están sin empleos.