La firma Green SA, representada por Hugo Wilson Armoa y que presentó una querella que busca amedrentar la libertad de prensa, sigue insistiendo con el millonario contrato que la había entregado la administración de Andrés Gubetich Mojoli al frente del IPS.
De acuerdo a fuentes a las que tuvo acceso ABC Color, la empresa presentó un pedido de reconsideración ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), sobre la decisión del ente de control de las compras públicas de congelar los pagos en la licitación para la compra de un sistema informático para el departamento de Alto Paraná por cerca de G. 40.000 millones.
El ente todavía debe dictaminar resolución sobre el caso, pero la decisión de ponerle freno se había basado ya en la publicación por parte de nuestro diario de un informe de la Contraloría General que detectó numerosas irregularidades en el proceso licitatorio.
Direccionado, según CGR
En marzo pasado, la CGR había remitido una nota al presidente del IPS, Vicente Bataglia Araújo, en la que reconfirmó lo que ya se había señalado en un informe de diciembre del año pasado sobre el proceso de licitación para la adquisición de un sistema informático para los hospitales de la institución asentados en el departamento de Alto Paraná.
En esa oportunidad, la entidad de control había señalado categóricamente que el proceso por el cual la previsional pretendía gastar casi G. 40.000 millones
violentaba el derecho a la igualdad y competencia de la Ley 2051 “De Contrataciones Públicas”. Básicamente, alertaba sobre un posible direccionamiento, pues lo establecido en el pliego de bases y condiciones podía ser cumplido única y exclusivamente por una sola empresa.
“En el pliego de bases y condiciones se han establecido requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, dice taxativamente una de las observaciones realizadas por la Contraloría General al proceso de compra de un sistema informático encarado por el Instituto de Previsión Social.
El informe había sido enviado al IPS ya el 3 de diciembre del año pasado. A pesar de las advertencias de la CGR, la previsional, encabezada entonces por Andrés Gubetich Mojoli, decidió adjudicar casi 20 días después a la firma Green SA, de Hugo Wilson Armoa.
El plan fue nuevamente frenado, tras publicaciones de ABC Color que generaron que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tomara intervención y congelara cualquier pago.
El proceso licitatorio ya había sido frenado en mayo del año pasado, cuando denuncias de la Cámara de la Industria del Software (Cisoft) alertaron sobre cuestiones llamativas.
Disgustado por dicho impedimento y alegando carencias tecnológicas, Gubetich Mojoli ordenó que los funcionarios de la previsional remitieran nuevas respuestas a la Contraloría sobre las diversas observaciones. El ente de control las consideró improcedentes, pues el plazo había fenecido meses antes e incluso ya se le había otorgado una ampliación del plazo legal establecido.
Más molesto aun por las publicaciones de nuestro compañero, ahora el propietario de la firma presentó una querella contra el periodista que publicó las notas, en un claro intento de amedrentamiento.
“Era un golpe”
“Esta licitación era un golpe por donde se la mire. Las publicaciones y la indignación ayudaron a frenar”, escribió en redes sociales el diputado Sebastián García días atrás sobre el caso.
“Se les pilla el golpe y meten una querella. Lo de estos tipos es criminal”, sentenció el legislador.