En la sesión de esta mañana en el Senado, el legislador liberal Blas Llano solicitará el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución que encomienda a la Contraloría General de la República (CGR) efectuar auditorías financieras y de gestión de los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá. Fundamentó su iniciativa en la necesidad de transparentar el uso de los recursos sociales y conocer el destino final de los mismos.
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En conversación con ABC Cardinal, el titular de la Contraloría señaló que buscarán auditar los gastos de los fondos socioambientales ejecutados por las binacionales, pese a que refirió que no es una tarea habitual de la institución. Acotó que existe un debate “eterno” sobre la competencia de la CGR para dicha fiscalización.
“Hay una discusión eterna institucional para auditar los gastos sociales de las binacionales. No es habitual, pero es nuestra firme decisión intentarlo, más ahora que vemos con buenos ojos este pedido que va a ser tratado en el Senado. Estamos preparando los equipos”, sostuvo.
Seguidamente, indicó que considera que el marco legal atribuye a la Contraloría la competencia para auditar los gastos de las binacionales. Argumentó que la habilitación se da debido a que los desembolsos son realizados por funcionarios paraguayos y que la ejecución es discrecional en cada país propietario de las entidades hidroeléctricas.
“La competencia constitucional de la Contraloría para fiscalizar la actividad económica del Estado le habilita a verificar los gastos que hacen los funcionarios paraguayos con el dinero del Paraguay y, por ende, también de Itaipú (y Yacyretá)”, sostuvo.
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Acotó que la controversia se da debido a que existen antecedentes sobre la misma situación en el lado brasileño, en el que Itaipú Binacional accionó contra la institución auditora del vecino país para que no pueda ejecutar la fiscalización.
Benítez prometió –en caso de habilitarse la auditoría- que realizarán las fiscalizaciones correspondientes e indicó que, de ser necesario, tendrá que priorizar esta verificación sobre otras. Además, refirió que no solamente se centrarán en los gastos de los fondos socioambientales, sino también en la ejecución de las obras.
Igualmente, el contralor señaló que no tienen ninguna comunicación con los legisladores proyectistas. No obstante, indicó que están preparados para realizar la auditoría ni bien sea habilitada por el Congreso.
La discusión en torno a los fondos socioambientales de las binacionales se da en el marco de que esta semana –finalmente- el presidente Mario Abdo Benítez decidió promulgar la ley que dispone la utilización de estos recursos para la lucha contra la pandemia del COVID-19. Existió una fuerte presión ciudadana y de la oposición para que la normativa entre en vigencia.
Los directores de Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres, y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, señalaban que era impracticable destinar los fondos en su totalidad para la salud pública porque –según indicaron- ya estaban comprometidos. Sin embargo, el mandatario hizo caso omiso a las recomendaciones de estas autoridades y decidió promulgar la ley, ya que estaba presionado por varios sectores sociales.
El titular de la EBY fue el que más se opuso a que entre en vigencia la normativa y fustigó a varios sectores políticos en su defensa. Esta determinación fue tomada por la ciudadanía y legisladores de la oposición como un intento de direccionar los gastos de los fondos de las binacionales.