La jornada de ayer estuvo marcada por manifestaciones frente a la sede del MUVH, ubicada en Independencia Nacional esq. Manuel Dominguez del microcentro de Asunción. Los líderes habían anunciado se quedarían en el sitio por tiempo indefinido, hasta que se ejecuten los US$ 47 millones del plan de reactivación económica para la ejecución de viviendas sociales.
Esta mañana se pudo apreciar que los manifestantes ya no se encontraban y el ministro Carlos Pereira respondió que se les explicó que el desembolso de los recursos depende de Hacienda para que sean ejecutados. “Fue un diálogo en donde se les ha explicado la forma en que se desembolsará el dinero. No está eso en el ámbito del MUVH″, explicó.
Uno de los pilares del plan de reactivación económica es la construcción de viviendas sociales aplicando la normativa de la ley N° 3637 del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis). Este programa permite transferencias directas a los responsables de los proyectos de viviendas sociales, denominados “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, vía rubro 800, los cuales postulan los proyectos de casa propia para la gente de escasos recursos.
El mecanismo facilita que empresas de dudosa procedencia reciban recursos públicos sin que haya competencia entre empresas, ni control ciudadano, motivo por el cual el ministro Pereira presentó una propuesta de reforma de la ley que endurezca los controles a las proveedoras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la ejecución de las obras, dada la experiencia registrada bajo la administración del exministro Dany Durand y constatada por la Contraloría que representa un aparente daño patrimonial de G. 90.000 millones.
Bajo la administración de Durand se constató que dirigentes sociales denunciaron la falsificación de sus firmas en los proyectos presentados al MUVH y que son postulantes para recibir parte del dinero del plan de reactivación económica. Esto fue denunciado ante la Fiscalía, a fin de que los peritos confirmen si se trata de una denuncia falsa o no.
Al respecto, los manifestantes indicaron que es una persecución a los SAT contratadas por ellos para que gestionen los subsidios, a lo que el ministro mencionó que “las reglas son muy claras, y todos debemos ceñirnos a cumplirla”. Resultó llamativo que justamente una de las involucradas en la denuncia y que las organizaciones defienden es el SAT Verónica Ojeda, cuyo proyecto del Asentamiento “Carmen Soler” en Limpio se había detectado una serie de irregularidades por Contraloría y que la actual administración ordenó que se responsabilice de rectificar las observaciones.
Para conocer sobre los motivos del levantamiento de la manifestación, se intentó conversar con uno de los identificados como líder social que la promovió, Pulciano Sánchez, pero no contestó los mensajes.
Por otra parte, el ministro Carlos Pereira se reunió esta mañana de un encuentro con los integrantes de la comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de Diputados para exponer la postura de la institución con relación a las propuestas de modificación a la ley del Fonavis. En la ocasión, recalcó que el programa consiste en la entrega de subsidios para la casa propia de gente de escasos recursos, por lo que en esencia no puede someterse al control de Contrataciones Públicas, ley N° 2051, una de las propuestas presentadas a fines del año pasado que generó polémica y la oposición del entonces ministro Durand por instar al escrache a los proponentes, y que terminó obligándolo a renunciar al cargo.
El titular de la comisión, Hugo Ibarra, manifestó que seguirán las reuniones a modo de seguir tratando las diferentes propuestas de modificaciones al citado programa y emitir un dictamen al respecto. “Hoy varios colegas tuvieron consultas pero que debido a inconvenientes con la conexión a Internet de ellos no se pudieron desarrollar los puntos”, explicó.