El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Marco Elizeche, dijo a ABC que se están viendo las opciones y que una vez confirmada eso se traducirá en un proyecto de ley, teniendo en cuenta que es una ampliación presupuestaria muy importante que recibirá el IPS.
Explicó que dentro de las opciones, como primera medida se analiza la reasignación de los fondos de otros proyectos ya que la necesidad de la entidad previsional es para el segundo semestre del año, considerando que aún cuenta con recursos para pagar dos meses más aproximadamente.
Elizeche adelantó que una vez definido el mecanismo de financiamiento en las próximas semanas, se estará anunciando la decisión.
El IPS solicitó a Hacienda US$ 50 millones para poder seguir pagando las compensaciones económicas hasta el mes de diciembre, atendiendo que aumentan los trabajadores suspendidos, además de pagos por reposo por covid-19, por aislamiento y para las personas vulnerables.
La entidad aún tiene unos US$ 20 millones, de los US$ 100 millones que le había abonado Hacienda en concepto de aporte, que serán utilizados para pagar lo correspondiente a abril, mayo y junio.
Subsidio de frontera
Hacienda también tiene pendiente el pago del “Subsidio de Frontera” para los comerciantes y trabajadores de 16 ciudades en la frontera con Argentina.
La cartera continúa con el proceso de selección de los beneficiarios, una tarea que debería haber terminado entre el lunes y el martes pasados.
Están registrados alrededor de 132.000 personas, aunque se había estimado como potenciales beneficiarios a 43.000 (19.000 comerciantes y trabajadores formales; y 24.000 trabajadores informales).
El monto del subsidio para los comerciantes formales será de hasta el 50% del salario mínimo vigente, lo que equivale a G. 1.096.419, que podrá ser otorgado hasta en 4 ocasiones según disponibilidad presupuestaria. Además, se otorgará un subsidio a los trabajadores informales por valor de G. 500.000, que podrá ser otorgado hasta en 2 ocasiones.
Hacienda para cumplir con el subsidio dispone de un saldo de casi US$ 10 millones de la ley de emergencia sanitaria, que inicialmente estaba asignado para el programa Pytyvõ 2.0 que ya concluyó.
La reglamentación de la ley establece que no podrán ser beneficiarios los menores de 18 años, trabajadores cotizantes de la seguridad social, funcionarios o contratados de entidades públicas, binacional. Tampoco beneficiarios de algún programa social del Estado, jubilados, pensionados de entidades jubilatorias públicas o privadas, entre otros.
Víctimas de la dictadura
A su vez, las organizaciones de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner se manifestaron ayer frente a la sede de Hacienda reclamando el pago de la indemnización y por el recorte del presupuesto destinado a los beneficiarios.
Los afectados explicaron que de un presupuesto inicial de G. 28.000 millones, se le recortó G. 10.000 millones y estos fondos disponibles sólo alcanzarán para pagar hasta agosto. Ante esta situación, en la próxima semana volverán a manifestarse para plantear una ampliación presupuestaria.